Juan Cruz Azzarri, abogado especializado en derecho energético, representante del estudio legal Martinez de Hoz & Rueda, compartió su visión sobre los desafíos de los contratos de energías renovables en Argentina.

¿Qué consultas reciben de los clientes respecto a contratos de energías renovables?

En el actual contexto, los clientes están preocupados por la situación económica y social del país, y sus consultas principalmente giran en torno a la perspectivas de cumplimiento por parte de CAMMESA y el Estado Nacional con los PPA RenovAr y la normativa que le aplica.

¿Hay novedades?

En este sentido, han sido positivas las medidas que se han adoptado recientemente respecto a excluir del “reperfilamiento” las letras del FODER y la extensión de plazos para la firma de contratos de Ronda 3, aunque hayan sido exiguos.  En algunos casos la prórroga llegó algo tarde, puesto que el pedido de extensión fue una solicitud que muchas empresas hicieron, sin recibir respuesta favorable antes del vencimiento, el 24-01-2020.

Por otro lado, están muy atentos y preocupados por la falta de establecimiento de normas generales que faciliten los proyectos los cuales desde el año 2018 producto de la crisis Argentina se han visto muy desfavorecidos.

¿Qué medidas debería tomar el Gobierno con estos proyectos demorados?

Sin duda el Gobierno debería adoptar alguna medida general que permita a los proyectos extender los plazos en uno o dos años, pues lo cierto es que muchas parques que estaban encaminados se han visto muy demorados producto de la crisis que comenzó en Argentina a partir del segundo trimestre del 2018 y que restringió enormemente el financiamiento internacional que en el Programa RenovAr es clave.

Se agrega el covid19..

Para peor, no se visibiliza que en el corto plazo ello vaya a cambiar producto del actual contexto del Covid-19. Sería conveniente también que resuelvan los pedidos de fuerza mayor que están haciendo varias empresas como consecuencia de las restricciones que se impusieron a nivel nacional, provincial y municipal muchas de las cuales siguen vigentes.

¿Están complicadas?

Si bien la obra de infraestructura energética se habilitó como actividad exceptuada todavía siguen vigentes muchas restricciones que complican el desarrollo normal de los proyectos y hacen imposible retomar el ritmo pre-COVID. Y si bien CAMMESA mencionó informalmente que analizaría el tema, todo parece indicar que los pedidos se resolverán una vez terminadas las obras y definida la demora de cada proyecto.

El problema es que a los prestamistas que han financiado estos proyectos les preocupa mucho el tema de las penalidades por demora, por su magnitud, y por eso sería conveniente poder tener definición de este tema ahora y no cuando las obras finalicen.

¿Tiene sentido exigir menor precio o más contenido local a los proyectos que no cumplieron COD para estirar el plazo de contrato?

Creemos que en el actual contexto y dada la crisis Argentina que arrancó en 2018 no parece ser lo más aconsejable obligar a bajar los precios o ampliar el Componente Nacional Declarado para viabilizar los proyectos.

La realidad es que los proyectos en construcción ya no pueden modificar su componente nacional a estas alturas. Esto no significa no crear algún sistema de incentivo para ello, pero sin duda sin castigar al que no lo puede hacer.

¿Entonces?

Pensamos que este es el momento en que el Estado Nacional debería tomar medidas para que los proyectos que se encuentren demorados puedan ser ejecutados favoreciendo la generación de trabajo en distintas provincias y acercando al país al cumplimiento con sus compromisos de generación renovable.

¿Y respecto a las multas? 

Si bien podría considerarse injusto para quienes cumplieron plazos, pensamos que el objetivo de los contratos es que se cumplan y los proyectos se desarrollen, por lo que consideramos que el Estado Nacional y CAMMESA debieran considerar el hecho que la crisis financiera en Argentina restringió significativamente la posibilidad real de obtener financiamiento y ello no fue una circunstancia atribuible a los proyectos.

A eso se suma el actual contexto de Covid-19 y las restrictivas medidas adoptadas que tampoco fueron eventos generados por los proyectos. Por todo eso, pensamos que la aplicación de multas en ese contexto como norma general debería ser revisada pues ello sólo dificulta más la viabilidad de los proyectos que están en proceso de construcción.

¿Se pueden frenar?

Consideramos que sería conveniente para el desarrollo del sector y el logro de los objetivos que el país se puso en materia de energías renovables, suspender la aplicación de multas desde mediados del año 2018 y hasta que concluya una hipotética ampliación de plazos para obtener el COD.

¿Cómo impactaría en estos contratos demorados si Argentina ingresa en Default?

Sin duda alguna, el default de Argentina agravará mucho el cuadro de situación. Todos esperamos que el Gobierno Nacional evite el default y acuerde con los bonistas ya que no parece ser un problema tan grave de deuda como era el del 2001-2005.

Los especialistas remarcan el hecho de que la deuda privada con tenedores externos no es proporcionalmente alta con relación al PIB. Volver a una situación de default dificultará aún más la obtención de financiamiento internacional, haciendo más difícil para los titulares de proyectos la concreción de los mismos.

¿Qué perspectivas tiene el MATER?

Pensamos que en el actual contexto MATER no va a tener un gran avance, aunque una vez superada la emergencia es una herramienta que el Estado Nacional debería desarrollar más e incluso ampliar para proyectos de generación convencional.

Sin duda el volver al mercado a término en Argentina va a ser en beneficio de todo el sistema eléctrico.

Fuente: Energía Estratégica.