Las petroleras prometen un pago inicial de 60 millones de dólares.

La Legislatura de Río Negro sancionó ayer la ley que ratifica el acuerdo entre la provincia y el consorcio que integran las principales empresas petroleras para la ejecución del oleoducto Vaca Muerta-Punta Colorada. Se trata de un paso clave para la construcción y operación del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) y una terminal de recepción, almacenamiento y despacho de petróleo crudo en Punta Colorada, a la altura de Sierra Grande, en las costas rionegrinas.

Las petroleras prometen un pago inicial de US$60 millones: según lo decidió el gobernador Alberto Weretilneck, el 5% de ese aporte será destinado a Sierra Grande, a modo de “reparación histórica”, por las consecuencias que tuvo el cierre de la mina Hipasam en esa localidad en 1992.

“Este proyecto es la base del Río Negro de los próximos 30 años. Son $1000 millones para nuestra provincia en los próximos 13 años. Estamos en el momento y en el lugar que tenemos que estar”, indicó el mandatario en su cuenta de X, y añadió que la sanción representa el paso fundamental hacia “inversiones reales, empleo y desarrollo en territorio rionegrino”.

El proyecto se aprobó por mayoría, con 39 votos a favor, y el voto negativo de Magdalena Odarda y Ayelén Spósito (Vamos con Todos), Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García (PJ-NE). Odarda advirtió que el proyecto de la exportación del petróleo no es compatible con el turismo y subrayó “el riesgo potencial que significan los micro derrames que se pueden generar” en el mar.

Tanto ella como Spósito calificaron los aportes a la provincia como “verdaderas migajas” frente al riesgo asumido y criticaron el RIGI por facilitar la “fuga de capitales” y la “extranjerización” de bienes naturales.

En tanto, Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) defendió la iniciativa como un “punto de inicio para transformar la provincia”. Dijo que se trata de “437 km de esperanza” para cambiar la matriz productiva, un “grito federal, patagónico, de reparación histórica”.

Pica también destacó la estabilidad jurídica y política de Río Negro como facilitadores, indicó que el acuerdo es público y los diferendos se resolverán en tribunales rionegrinos, a diferencia de otros antecedentes.

Subrayó los beneficios económicos directos: US$60 millones iniciales, US$40 millones anuales por 13 años, cánones, tasas y estimados en US$18,5 millones anuales en Ingresos Brutos. Informó que Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) tendrá domicilio fiscal y legal en la provincia y que el 5% del aporte inicial será para Sierra Grande. Pica resaltó la creación de empleo (80/20 local, 500 trabajadores ya activos) y un plan de monitoreo ambiental con universidades e Invap.

Más tarde, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate señalando que los ingresos extra (el aporte de US$60 millones iniciales y US$40 millones anuales) fueron un “logro nuestro” producto de una “enorme negociación”. López desestimó la idea de que se le está “mintiendo a la gente” con “esos numeritos”.

Aclaró que el petróleo de Vaca Muerta es mayoritariamente neuquino y negó enfáticamente que la provincia vaya a explotar petróleo en el mar: “Está prohibido por la ley. Lo único que hicimos en la ley fue el transporte”.

Asimismo, López proyectó un aumento significativo en los ingresos por Ingresos Brutos para varios municipios debido al proyecto, entre ellos, Bariloche, Roca, Viedma y El Bolsón. Finalmente, el presidente del bloque oficialista subrayó que el gobierno busca “generar riqueza y bienestar para cada uno de los rionegrinos” y que “nunca nos van a ver acompañando algo que perjudique a la provincia”.

Circuito de rutas en Vaca Muerta

En paralelo, diez operadoras nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) firmaron ayer un memorándum de entendimiento con la provincia de Neuquén para concretar la pavimentación de 51 kilómetros sobre las rutas provinciales 8 y 17, en el tramo correspondiente a la circunvalación de Añelo. Se trata de una de las obras viales más importantes para el desarrollo de la cuenca.

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Fuente: La Nación