Uruguay Por Más: Argentina rechaza que Brasil participe en el dragado aguas arriba de Salto Grande
Alberto Fernández notificó a su par uruguayo que la CARU es la única competente sobre la navegabilidad del río Uruguay. Nuestro país ya comunicó formalmente que no autorizó profundizar el Puerto de Montevideo a 14 metros, tal como el vecino país tiene acordado con Botnia.
El pasado 3 de febrero, el presidente brasileño Jair Messias Bolsonaro recibió, en el Palacio de la Alvorada de Brasilia a su colega uruguayo Luis Aparicio Lacalle Pou para dialogar sobre diversas propuestas para flexibilizar la actividad comercial con otros países sin perder la calidad de miembros del MERCOSUR.
Los dos temas tratados en el encuentro –en los que participaron los Cancilleres Ernesto Henrique Fraga Araújo y Francisco Bustillo-, y al que se incorporaron los ministros de Infraestructura y de Energía del país anfitrión, Tarcísio Gomes de Freitas y el almirante Bento Costa Lima Leite Albuquerque, fueron los acuerdos alcanzados entre ambos países para dragado del Canal San Gonzalo, una vía fluvial natural que comunica las lagunas Merín (en territorio brasileño) y la de los Patos (del lado uruguayo) y, además la Hidrovía del río Uruguay, aguas arriba de Salto Grande para permitir así, el transporte de carga desde Río Grande do Sul y el noreste de Argentina hacia el Río de la Plata.
Lacalle Pou había llegado a Brasil acompañado por Bustillo, y tras finalizar su reunión con Bolsonaro y su corte, informó que invitaría al Presidente de nuestro país, Alberto Fernández, para que participara en la realización de un estudio de prefactibilidad para hacer navegable el río Uruguay aguas arriba de la represa binacional que administra la Comisión Técnico Mixta (CTM), obra que implicaría el dragado de dicho curso de agua hasta de Santo Tomé, en Corrientes y Sao Borja, en Brasil.
De esa forma, se haría realidad el viejo proyecto del Banco Mundial que lleva ya muchos años de existencia para lograr reducir los costos logísticos de los productores graneleros y forestales de los estados brasileños de Río Grande do Sul y Santa Catarina y de Corrientes y Entre Ríos a través de Paysandú, Nueva Palmira, Fray Bentos y Montevideo. Lacalle Pou lo presentó en Brasilia como una ilusoria “herramienta para que nuestros puertos puedan captar cargas, principalmente soja, arroz y maíz del Estado brasileño de Río Grande del Sur, además de madera en bruto de las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes”.
Desde entonces, algunos de los protagonistas de esa cumbre de febrero ya salieron de la escena. El 29 de marzo pasado, el cruzado negacionista del cambio climático Fraga Araújo fue eyectado de su cargo y reemplazado como Ministro de Asuntos Exteriores por Carlos Alberto Franco Franca, un diplomático de carrera formado en Itamaraty.
Aún así, los intereses en juego son muy poderosos al punto tal que el ministro brasileño de Energía Gomes de Freitas -responsable de la liquidación de más de 100 empresas estatales en lo que va de la gestión de Bolsonaro- mantiene estrechos lazos con varios empresarios uruguayos. Uno de ellos es Carlos Foderé, propietario de la sociedad Fadisol que se ocupa de comercializar cereales, semillas híbridas, agrotóxicos y brinda servicios al agronegocio. Además posee posee varias plantas de silos en Colonia, Tacuarembó y Nueva Palmira. Foderé está dispuesto a aportar 25 millones de dólares para instalar un puerto privado multimodal sobre el río Tacuarí, cerca de la frontera con Brasil a pocos kilómetros de la laguna Merín. Con tal propósito, Foderé no solo ha mantenido encuentros con ministros del gobierno del Mesías brasileño, sino que también es habitué de los cónclaves que suele organizar en Montevideo el responsable de la Administración Nacional de Puertos (APN), Juan Curbelo.
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