Nadie lo puede negar. Las petroleras hacen una suerte de ostentación del manejo de los tiempos. Los planes de inversión indican una primera variante. Se piensan a 25-30 años. Por eso es central la seguridad jurídica: para recuperar y maximizar una ganancia que en Vaca Muerta se cuenta de a miles de millones de dólares.

Hay otra variante de los tiempos petroleros. Radica en la capacidad de respuesta ante determinadas circunstancias. Esta semana hubo una nueva muestra: las productoras de crudo y naftas más grandes del país decidieron ir, en conjunto, a la Justicia Federal contra los dos decretos que inciden en los precios del petróleo y los combustibles. El famoso caso del barril congelado, que sentó la primera base para paralizar las inversiones en Vaca Muerta.

Sucede en la semana previa a las elecciones, en momentos en que varias de esas compañías también tienen acceso al diálogo con un eventual gobierno de Alberto Fernández. Se sabe: aquello del estímulo que prepara el albertismo para que el mundo shale, de donde necesitará dólares, vuelva a arrancar.

La CADE (Cámara Argentina de Empresas de Energía) pidió la inconstitucionalidad de las dos normativas que inciden en el negocio, a poco menos de un mes de que dejen de tener efecto, el 13 de noviembre. Siguieron la línea, casi dos meses después, que había abierto el gobierno neuquino en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que transitó también Vista Oil & Gas, la única compañía que había ido a la Justicia.

Las petroleras que acuden ahora son las que en buena medida manejan el negocio de la producción y la refinación en el país. La presentación viene con algunas claves hacia el futuro.

Una de ellas es delinear parte de lo que esperan en un contexto actual de freno de inversiones.

Desde ya, quieren la salida al piso del Brent, algo que todavía nadie sabe cómo será. Es el famoso día 91, en alusión a los 90 días que dura el Decreto de Necesidad y Urgencia 566 que, como explicó el secretario de energía, Gustavo Lopetegui llegó en el contexto de un día en el que la moneda se había devaluado un 20 por ciento.

Al parecer, ahora todo se vincula a saber cómo podría ser ese proceso de salida para una medida que tenía como argumento, también, frenar la escalada de precios en las góndolas vía el combustible, algo que relativizan los últimos datos inflacionarios, tal como algún especialista había señalado.

La demanda judicial también acepta lecturas en clave de crítica y posicionamientos. Una de ellas es que la movida tuvo como uno de sus actores principales a YPF. La mayor productora de crudo del país es parte las discusiones centrales que se avecinan en el actual proceso de transición política. Entre ellas, en manos de quién quedará la conducción. La actual, a cargo de Miguel Gutiérrez, mientras tanto tira algunas señales como en el último mes. El actual presidente de la compañía había sido explícito al señalar la incidencia de la macroeconomía y del freno a los combustibles en la caja de la empresa, que no podrá financiarse renovando vencimientos de sus acreencias, algo que la pone a tiro de mano de sus recursos en cash para afrontarlos. Esto podría impactar en el nivel de actividad en Vaca Muerta, con menos inversiones de la compañía que es el motor central del shale. Desde Estados Unidos, Sergio Massa fue duro con la actual conducción, para cuyo reemplazo sigue arreciendo la misma danza de nombres, a los que no debería descartarse algún “tapado”. En este contexto, la ida a la Justicia de las petroleras puede leerse en clave política, pero también en una que delimita lo que las productoras esperan que pase: poder ingresar y sacar dólares del país y que el mercado de combustibles se libere a cambio de invertir.

Fuente: LMNeuquen.