A contramano de lo que se pensaba originalmente, el gobierno determinará que las industrias de tipo P3, que volverán a recibir el gas directamente de las distribuidoras en lugar de comprarlo en el mercado mayorista, abonarán un precio de 5,76 dólares, equivalente al que pagan los hogares del Nivel 1 que perdieron los subsidios. Cambio sobre la marcha en la política oficial. Guiño al FMI.

La Secretaría de Energía está terminando de definir la letra chica de la reglamentación que establecerá que las industrias categorizadas como “P3 Grupos I y II” no podrían seguir comprando el gas natural que consumen en el mercado mayorista y pasarán a recibirlo directamente de mano de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras). El cambio quedó definido en el artículo 9 de la nueva versión del Plan Gas, cuyos resultados se conocieron la semana pasada en un acto encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa. Energía publicará en los próximos días una resolución para ajustar el texto de esa norma para viabilizar su entrada en vigencia.

La migración de unas 2000 industrias y comercios medianos categorizadas como P3 nuevamente bajo la órbita de las distribuidoras —que implicará desandar un camino que se inició en 2005 a través del Decreto 725— se empezó a gestionar a mediados de este año después que el precio spot que pagan esos usuarios trepara en abril hasta los 10 dólares por millón de BTU.

Frente a esa situación, gobernadores de provincias del centro y norte del país —como Córdoba, Santa Fe y Tucumán— y entidades empresariales —como la UIA— realizaron gestiones ante la Casa Rosada para pedir un subsidio diferencial para las industrias. El Ejecutivo hizo lugar al planteo y, por eso, reincluyó a los usuarios P3 bajo el paraguas de las distribuidoras de gas con la expectativa de que, al igual que la mayoría de los hogares residenciales, empiecen a pagar un precio más bajo que el de mercado.

EconoJournal publicó una nota el 7 de noviembre que da cuenta de esa contradicción oficial desde el punto de vista fiscal, dado que justo en un momento en el que el Ministerio de Economía está tratando de reducir el déficit se volverían a subsidiar a industrias que desde hace años están pagando un precio realista por el gas que demandan.

Guiño al FMI
Precisamente para evitar que eso suceda, y para cumplir también con pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cartera que dirige Flavia Royón determinará a través de una resolución que los usuarios P3 paguen, una vez que expiren los contratos vigentes con comercializadoras, el mismo precio del gas que abonan los hogares del Nivel 1, es decir, aquellos de altos ingresos que perderán todos los subsidios a fines de enero.

Ese valor está fijado según una normativa de Energía en US $5,76 por millón de BTU. En los hechos, es un precio similar al que abonan las industrias que compran el gas en el mercado mayorista a través de alguna comercializadora. “La semana pasada cotizamos a un precio punta-punta promedio (de enero a diciembre) de 5,31 dólares”, explicó un trader que vende gas en la zona centro del país.

El cobro del gas a un precio equivalente al que abonan los hogares del Nivel 1 no hace más que homologar lo hecho por el propio gobierno con el valor de la electricidad que pagan las industrias. Sucede que si bien pisó las tarifas residenciales, el cristinismo —que tenía controla sobre la Subsecretaría de Energía Eléctrica y del ENRE— incrementó fuertemente el valor de la energía para los GUDI’s, tal como se conoce a las industrias que reciben la energía de una distribuidora.

En 2022, las industrias P3 que reciben el gas de una distribuidora pagaron hasta un 117% menos que aquellos que compraron el fluido a una comercializadora en el mercado mayorista. En octubre de este año, por caso, pagaron $15,96 por metro cúbico (m3) consumido contra 27,33 pesos. En enero la diferencia era mucho mayor.

“Se está trabajando en sacar las resoluciones correspondientes desde el área de hidrocarburos. Los P3 no recibirían el subsidio correspondiente a residenciales”, explicó una fuente oficial.

Fuente: Econo Journal