En un mundo hiperconectado, la decisión del presidente Donald Trump, de autorizar el ataque de Estados Unidos al general iraní Qasem Soleimani, le genera una preocupación extra a la industria de hidrocarburos local. Esto se debe a la disparada que tuvo el precio internacional del barril de petróleo, luego de que aumentara la tensión en uno de los mayores países productores de crudo a nivel mundial.

Ayer, apenas conocida la noticia de la muerte del hombre poderoso de Medio Oriente, la cotización del Brent -la que se toma de referencia en la Argentina para fijar el valor del barril- saltó de 66,22 dólares a 69,32. La situación podría agravarse, si la tensión en la región continúa escalando.

“Los precios del petróleo subieron aproximadamente un 4%. Es probable que los precios se mantengan en torno a los 70 dólares por barril, pero podrían alcanzar los 80 dólares si el conflicto se extiende a los campos petroleros del sur de Iraq o si el acoso iraní a los envíos comerciales se intensifica”, señaló un informe reciente de la consultora internacional Eurasia Group.

En la Argentina, según las propias empresas petroleras, los precios de los combustibles se encontraban atrasados como mínimo un 8% cuando el valor del Brent estaba en torno a los 66 dólares. Este se debe a la imposibilidad de trasladar el efecto de la devaluación al precio del surtidor. Si, además, se aplicara la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles, la brecha llegaba al 15%.

Un dolor de cabeza parecido le sucedió al exministro de Energía Gustavo Lopetegui, cuando sucedió el ataque a una refinería en Arabia Saudita. De hecho, la disparada de hoy del Brent llegó a los niveles de aquel 12 de septiembre, que se daba poco tiempo después de que la anterior administración decretara el congelamiento de los combustibles por 90 días. En ese entonces, Lopetegui hizo una excepción y aprovechó la situación para autorizar un incremento del 4%, aún cuando el precio del crudo retrocedió algunas horas después.

El actual ataque sucede también cinco días después de que el Gobierno diera marcha atrás con un incremento del 5% que propuso YPF. La intención de Presidencia, además, es que los combustibles no suban “por tiempo indeterminado”. La decisión, sin embargo, incide en las proyecciones de inversión en Vaca Muerta.

En el país, la forma de fijar el precio del barril criollo es tomando de referencia el valor del Brent y restándole las retenciones que se aplican a la exportación, que para los hidrocarburos son un 8%. Así se establece el valor que las refinerías -YPF, Axion, Raízen (que tiene las estaciones de Shell) y Puma Energy- pagan a las productoras -YPF, Pan American Energy (PAE), Shell y ExxonMobil, entre otras-.

Por la ley de hidrocarburos, las petroleras no pueden sustituir las ventas al mercado local por las exportaciones, ya que están obligadas a informar en el sector refinador local cada vez que tienen un volumen para enviar al exterior: si las refinadoras necesitan el crudo para abastecer el mercado interno, pueden pedir esa exportación.

Por lo tanto, a medida que aumenta el Brent, sube el costo del barril para las refinerías, pero no lo pueden trasladar a los consumidores. Sin embargo, el costo también es compartido con las petroleras, que no tienen otra alternativa que vender el crudo en el mercado doméstico.

Las petroleras que no están integradas (que solo operan en el upstream y no tienen estaciones de servicio), como son la mayoría a excepción de YPF y PAE (dueña de Axion), son las más perjudicadas. Trafigura, que tiene las estaciones de servicio Puma Energy y que no tiene producción local, también es de las más afectas, ya que su negocio radica en importar crudo barato. Con esta distorsión, terminaría importando a un precio mayor del que podría vender en el mercado local

Fuente: La Nación.