El gobierno de Alberto Fernández se encamina a cumplir un año. Hay que reconocer que 2020 es un año atípico y traumático para toda la sociedad y esto incluye al Gobierno.

La pandemia del Covid le dio al Presidente una oportunidad histórica: ocupar el centro de la escena. La sociedad civil lo identificó con el “comandante de una gesta por la vida”; y él se convirtió en el único comunicador de los supuestos logros en esa lucha. Las encuestas lo catapultaron al primer plano. Lo destacable es que todo lo demás pasó a un segundo plano, incluida la economía y la política.

La pregunta del momento es: ¿Qué hizo el presidente Fernández como gobernante en su primer año de gobierno?; y por supuesto, ¿cómo hizo lo que hizo?

En este contexto, me propongo analizar lo hecho en el sector energético desde el 10 de diciembre de 2019 al 23 de octubre de 2020. Son las primeras 45 semanas del gobierno del Frente de Todos.

En este periodo no hubo discursos del Presidente que tuvieran como eje la energía. Tampoco planes o políticas públicas energéticas prolijamente enunciadas por los funcionarios de su gabinete en el tema.

Una particularidad es que hubo dos Secretarios de Energía; el primero, despedido a los 8 meses sin que se le conozcan dictámenes o resoluciones relevantes en su paso por un área de Gobierno que dicta unas 800 Resoluciones por año. El segundo Secretario de Energía recién asumió 60 días después de haber despedido al primero.

La política energética sólo puede ser analizada a través de las medidas concretas de ese período. Estas son las principales: 1.- El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley, en diciembre de 2019, que sancionó la ley Emergencia Pública N° 27561; una ley ómnibus en su art 6°, dispuso la intervención de los Entes Reguladores – ENARGAS y ENRE.

2.- En mayo de 2020, implementó la política de precios del crudo del Barril criollo, que fijó precios del petróleo en el mercado local muy superiores a los del mercado internacional.

3.- En octubre, el Presidente anunció con su gabinete el “Plan Gas 4” con el cual se fijarán, mediante mecanismos de dudosa competencia, altos precios del gas natural con fuertes subsidios a los productores. Además, realizó un anuncio de alto valor simbólico: el traslado la sede de la Secretaría de Energía a la provincia del Neuquén.

4.- El proyecto oficialista de ley de “Impuesto a la Riqueza” determina que los “ricos que viven en Argentina” transfieran gratuitamente 1000 millones de US$ a la empresa (YPF).

5.- Altos funcionarios de la actual Secretaría de Energía anuncian por la prensa que el año próximo se producirán en verano cortes de energía eléctrica y grandes importaciones de gas natural en invierno.

6.- El Gobierno ha omitido definir en el curso de todo el año criterios de cantidad y precio sobre la importación de gas de Bolivia para el periodo comprendido entre 2021 y la finalización del contrato en 2026; olvido imperdonable que deja a nuestro principal contrato de importación en verdadero limbo.

Un análisis detallado e interrelacionado de las principales medidas permite afirmar que: a) no forman parte de una plataforma programática previa; b) no existe un equipo energético ensamblado con división de roles y experiencia probada; c) no existe Planificación Energética; y d) La Secretaría de Energía carece de un interlocutor político confiable con la sociedad, lo que dificulta acuerdos.

Las medidas concretas evidencian la conjunción de varios factores negativos: improvisación, demagogia, irracionalidad, permeabilidad a presiones corporativas e ineficiencia administrativa. La ineficiencia administrativa es clara cuando se necesitaron dos meses para reemplazar un equipo energético despedido por ineficaz.

Es también perceptible en el incumplimiento de los plazos de los interventores de los Entes Reguladores. Los interventores designados en el ENRE y en ENARGAS en 2019 no han dado cumplimiento al proceso de Renegociación de la Revisión Tarifaria; tampoco se realizó una revisión de carácter extraordinario en 180 días (plazo vencido en junio de 2020) como lo estableció el articulo 5 ° de la ley 27561.

La improvisación, y la demagogia son nítidas en la decisión sobre el traslado de la Secretaria de Energía a Neuquén; muy desacertada medida desde lo administrativo y destinada a mostrar un falso concepto de federalismo por parte del Presidente. Deja además en claro que el Gobierno prosigue con la equivocada idea de que la Energía pasa por el “meridiano de Vaca Muerta”; un concepto erróneo que se ha aplicado con intensidad en nuestro país entre 2010 y 2020. La Secretaría de Energía debe estar en la Capital Federal de la República, donde reside el Poder Ejecutivo.

La alta permeabilidad a las presiones corporativas es evidente en la política del “barril criollo” y ahora el Plan Gas 4. Este último, aún en curso de implementación, tendrá un fuerte impacto en el déficit presupuestario y encubre un próximo y muy fuerte aumento de tarifas a los consumidores; la responsabilidad caerá inexorablemente sobre el Gobierno y el partido gobernante.

La no renegociación del Contrato con Bolivia constituye una omisión inadmisible en razón de ser Bolivia el suministrador histórico más importante y económico de gas natural importado en el total del consumo nacional lo que pone en serias dudas la existencia de un pensamiento estratégico en materia energética.

Jorge Lapeña es ex secretario de Energía. Presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi.