Con el objetivo de desarrollar un sistema de incentivos para atraer inversiones en yacimientos maduros, la Secretaría de Energía de la Nación solicitó opinión a la Ofephi.

Flavia Royón, secretaria de Energía de la nación, inició una ronda de consultas con provincias productoras de petróleo para desarrollar un sistema de incentivos que fomente las inversiones en cuencas de agua salina.

Días antes, el empleado presentó una propuesta ante la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), según información que pude recabar de fuentes industriales y gubernamentales.

“Lo que hizo Flavia Royón es rescatar partes de la Ley de Hidrocarburos que presentó Darío Martínez cuando era secretario de Energía”, dijeron las fuentes.

Las provincias serán ahora propietarias de la palabra, a pesar de los indicios preliminares de que los miembros de Ofephi no están demasiado entusiasmados con el sistema de promoción. Vamos a recoger opiniones y hacer un cambio con propuestas, dijo un funcionario que participó en las consultas.

Esquema de reflotamiento de Royón

El esquema de reflotamiento de Royón está delineado en el Título IV del proyecto de ley que Martínez presentó en 2021 y actualmente acumula barro en un armario del Congreso. Crear el RPPBP, o un régimen para promover la extracción de petróleo en zonas de baja productividad.

Uno de los requisitos para recibir los beneficios es lograr producción adicional en áreas de baja productividad, o áreas inactivas o cerradas, utilizando métodos convencionales.

Según la perspectiva de las provincias, aumentar la producción en yacimientos maduros es casi imposible. Lo máximo que se puede esperar es retrasar el inevitable declive de los embalses agotados.

Como uno de los incentivos, se establece que se puede operar bajo diferentes estándares técnicos de prevención, limpieza y abandono de operaciones. Además, es posible solicitar al nivel provincial la unificación de áreas en un solo permiso de exploración de hidrocarburos si el concesionario tiene terrenos adyacentes.

Además, se señala que los beneficiarios obtendrán Autorizaciones de Exportación Garantizadas (AEG) por hasta el 25% de su producción incremental, así como el derecho a la libre disponibilidad de dos puntos porcentuales adicionales a las divisiones derivadas del volumen exportado.

La propuesta de Royón tiene algunos cambios, pero en su mayoría adopta el capítulo cuarto de la ley de Martínez, que en su momento fracasó por la oposición de las provincias petroleras.