Aseguran que el plazo de dos años no alcanzará porque faltan relevar dos tercios de las comunidades. El Gobierno resaltó su compromiso con terminar el proceso. Piden la incorporación dentro del Estado de las instituciones organizativas mapuches.

Neuquén retomó este año un proceso clave para su desarrollo: el relevamiento territorial indígena. Fue el propio gobernador, Omar Gutiérrez, quien se comprometió a tratar de terminarlo antes del fin de su gestión, el año próximo. Con demoras, la comisión comenzó a funcionar y la próxima semana se iniciarán las actividades con las comunidades que tenían sus procesos más avanzados.

“El relevamiento en sí mismo se pone en marcha la semana que viene. Se tomarán los primeros contactos con las comunidades”, indicó el abogado Lefxaru Nawel, representante de la zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche.

Los primeros pasos los dará la comisión interjurisdiccional de ejecución. La integran dos representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que son los directores de Tierras y Personerías Jurídicas, Alejandro Marmoni, y de Asuntos, Jurídicos Julián Fernández Duarte. También hay dos referentes de Provincia: el vocero Ricardo Corradi Diez y el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara. Las comunidades tienen dos representantes por cada una de las seis zonales, uno elegido por ellas y uno del Consejo de Participación Indígena (los llamados «CPI»).

Durante tres meses, esta comisión trabajará con 12 comunidades que ya tenían el trámite avanzado, explicó Corradi Diez, algunas con la carpeta ya finalizada, pero con observaciones. El funcionario estimó que a fines de abril visitarán los territorios y evitó indicar con cuáles se comenzará para que no haya polémicas ante cualquier cambio. Sí indicó que se priorizarán las que se ubiquen en lugares donde luego sea difícil acceder por las condiciones climáticas.

Durante esos meses, se terminarán de conformar los equipos técnicos que deberán hacer el relevamiento total, para que el se fijó un plazo de dos años. Para Nawel ya se vislumbra que ese plazo no alcanzará porque faltan relevar dos tercios de las comunidades. Una cifra en la que tendrá que acordar la comisión es la de la cantidad de comunidades. Nawel aseguró que son más de 70 y Corradi Diez habló de 52. Justamente, entre los objetivos del relevamiento está dejar claro ese número. “Muchos pueblos han referido tener posesión y se demostró que no”, aclaró el representante de la provincia.

Uno de los puntos más polémicos es el de las cinco comunidades que reclaman en zonas de Vaca Muerta y no están relevadas. Son Wircaleo en Sauzal Bonito, Campo Maripe, Fvta Trayen, Newen Kura y Kaixipayiñ. Tanto Corradi Diez como Nawel remarcaron que hay comunidades sin relevar en toda la provincia.

El abogado ejemplificó que actualmente es parte de la causa que investiga la denuncia por usurpación de las familias Rambeaud y Gambazza contra las comunidades Cayupan y Cheuqueta, en el “Espinazo del Zorro”, a 80 kilómetros de Zapala.

Las comunidades quieran más que el reconocimiento de su territorio

“La única excusa es mala voluntad”, aseguró Nawel al ser consultado sobre la demora del inicio del relevamiento, que se había acordado en octubre del año pasado. “Es parte de la política de negación que tiene el Gobierno provincial”, agregó. Recordó que la ley 26.160, que declaró la emergencia sobre la posesión de tierras de las comunidades y suspendió los desalojos, fue sancionada en 2006 y cuestionó que hasta el 2022 en Neuquén solo haya funcionado dos años. En la provincia, el proceso se realizó desde el 2013 al 2015 y relevó a 22 comunidades, con un total de 45 anotadas en el registro.

Nawel explicó que el relevamiento será un diagnóstico de la situación territorial de las comunidades, necesario para resolver conflictos y entender “cuál va a ser la reparación que recibirán”. El abogado detalló que no pretenden que sea «solo la legalización del despojo» sino que sea la «base para una reparación histórica» con la incorporación dentro del Estado de las instituciones organizativas mapuches.

“El Gobierno tiene una firme decisión de cumplir con la palabra escrita”, resaltó el vocero Ricardo Corradi Diez.

“Una política de negación”

Nawel reconstruyó algunos hitos sobre lo que calificó como una “política de negación”. Comenzó con la reforma constitucional de 1994, que reconoció la preexistencia de los pueblos originarios, para indicar que en Neuquén se ha actuado en forma contraria a este precepto.

Indicó que en 2002, el por entonces gobernador Jorge Sobisch estableció por decreto nuevas pautas para la entrega de las personerías a las comunidades: sería el Estado el que evaluaría cuáles eran de origen mapuche. En 2013, la Corte Superior de Justicia falló a favor de la Confederación Mapuche y declaró la inconstitucionalidad de la norma.

Fue recién en 2013 que comenzó en Neuquén, y solo por dos años, el relevamiento territorial. En 2006, cuando se sancionó la ley que lo ordenaba, fueron los diputados del Movimiento Popular Neuquino (MPN) los únicos de la provincia que votaron en su contra. Fueron Hugo Acuña, Alicia Comelli y César Pérez. El resto de los negativos fueron de diputados de Tucumán, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

El abogado afirmó que en 2009 hubo más de 300 integrantes de comunidades mapuches procesados por denuncias de los “estancieros” y otros conflictos territoriales, pero no hubo avances “ni han logrado sacar a la gente”.

Otro fallo de la Corte a favor de las comunidades mapuche se conoció el año pasado. Luego del reclamo en 2004, por la creación del municipio de Villa Pehuenia sin consulta a las comunidades, le ordenó a Provincia establecer “una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina”. Así se deberán diseñar «mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales».

Corradi Diez se manifestó desde otra perspectiva, y afirmó que «Neuquén ha sido pionera en el trabajo intercultural en distintas áreas, como la turística».

El mapa de las comunidades mapuches en Neuquén

La Confederación Mapuche de Neuquén confeccionó un mapa de comunidades en la provincia y aclaró que se actualizará cuando se termine el relevamiento territorial.

La reactivación de un relevamiento pospuesto desde 2015

Actores relacionados al relevamiento afirman que mucho tuvo que ver en su reactivación el reclamo que sectores privados le hicieron llegar al gobernador Omar Gutiérrez. Las petroleras habrían tenido más peso a la hora de exigir estabilidad para el desarrollo de sus actividades a futuro, seguidas por los desarrollos inmobiliarios.

Públicamente, se puede marcar la reactivación en el año pasado, con el anuncio que hizo la comunidad Kaxipayiñ sobre instalar una barrera para controlar el ingreso al club Mari Menuco. El conflicto se resolvió 14 de septiembre, con la firma de un acuerdo en el que ambas partes se comprometían a no avanzar hasta que se realizara el relevamiento.

Un mes después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el gobierno de Neuquén firmaron otro convenio, que establecía las condiciones para retomar el relevamiento.

Ya en 2022, a finales de enero, la Confederación Mapuche envió una carta reclamando que comience el proceso. Aseguraron que Nación ya había transferido los fondos y cuestionaron que se dejaran pasar los meses de verano, cuando las condiciones climáticas permiten llegar a los sectores de acceso más difícil. Inmediatamente después, el 1 de febrero, distintas comunidades bloquearon yacimientos de Vaca Muerta en Añelo y la Ruta 40 en Añelo para que su reclamo sea escuchado. Tras 10 horas de corte, llegó la notificación del inicio del relevamiento.

Trascurrió una semana y se realizó la primera reunión informativa con los seis Consejos Zonales que integran la Confederación Mapuche de Neuquén.

El tema volvió a tomar fuerza en la agenda pública el 1 de marzo, durante la inauguración de sesiones en la Legislatura. «Es mi deseo que podamos cumplirlo, no quiero dejar esto para las próximas gestiones» se comprometió Gutiérrez y reconoció: «son décadas de una ley que ha sido prorrogada y que no hemos instrumentado».

Hace pocos días se conoció el decreto con el que el Gobierno formalizó el dinero destinado al relevamiento. Son unos $92 millones: 80.346.000 transferidos por Nación a los que se agregan otros fondos que totalizan unos 12,4 millones de pesos más en concepto de planta política que trabajará en el proceso.

Fuente: Rio Negro