Por Kristalina Georgieva and Rajiv J. Shah. La crisis del cambio climático y la crisis de la COVID-19 tienen mucho en común.

Las dos son tragedias humanas y catástrofes económicas: la pandemia se ha cobrado más de un millón de vidas, ha dejado a cientos de millones de personas sin trabajo y se proyecta que, en los próximos cinco años, reduzca el producto en USD 28 billones; los efectos del cambio climático, por su parte, están cambiando drásticamente la vida y los medios de subsistencia. Los efectos más devastadores de ambas crisis recaen en las personas y las comunidades vulnerables de todo el mundo. Y las dos castigan a las naciones por su falta de preparación y de previsión.

Las dos crisis tienen algo más en común: un fuerte impulso coordinado a la inversión pública verde contribuiría a hacer frente a ambas crisis.

El mundo está realizando esfuerzos masivos para reactivar las economías y que la gente vuelva a trabajar.

El mundo está realizando esfuerzos masivos para reactivar las economías y que la gente vuelva a trabajar. Hace unas semanas, los líderes mundiales se reunieron en el Foro de París sobre la Paz para analizar los próximos pasos; ese debate continuó hace unos días en la cumbre del G-20. Tenemos la oportunidad de adoptar decisiones inteligentes y coordinadas, que catalicen las inversiones verdes para arrancar la recuperación y disminuir la posibilidad y el impacto de una catástrofe climática.

En respuesta a la devastación económica provocada por la pandemia, las economías más grandes del mundo ya han comprometido más de USD 12 billones en gasto fiscal para la recuperación tras el coronavirus, y muchas tienen la capacidad de hacer aún más. En la realización de nuevas inversiones, resulta evidente la importancia de la sincronización. Existen evidencias sólidas, incluidas las de la crisis financiera de hace una década, que sugieren que si los países del G-20 actúan por separado en lugar de conjuntamente, el gasto necesario para lograr los mismos resultados sería dos tercios superior.

En lugar de invertir en tecnologías alimentadas con combustibles fósiles, como las centrales eléctricas de carbón, que acelerarán el cambio climático, podemos elegir una vía mejor y más verde. Entre los proyectos generadores de empleo se encuentran la plantación de bosques y manglares, la conservación del suelo y el acondicionamiento de edificios para mejorar su eficiencia energética. También es fundamental construir infraestructuras resilientes al clima y ampliar el transporte público verde, las energías renovables y las redes eléctricas inteligentes. Además, la inversión en energías renovables fuera de red genera crecimiento, ya que permite conectar a unos 3.500 millones de personas que actualmente no tienen acceso a suficiente electricidad.

El mundo debe aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas, y ya se observan acciones a gran escala en este sentido. La Unión Europea se ha comprometido a destinar más de USD 640.000 millones (EUR 550.000 millones) a proyectos verdes en los próximos siete años. Los mercados emergentes, como Indonesia y Egipto, están emitiendo bonos verdes. Pero todas las economías grandes, todas las instituciones internacionales, todas las actividades filantrópicas y todos los inversionistas privados pueden hacer más. En efecto, como ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el equilibrio entre el gasto verde y no verde, por el momento, se inclina demasiado hacia este último, amenazando con el empeoramiento de la degradación medioambiental.

Durante la crisis financiera de 2008, los líderes del G-20 se unieron para respaldar un programa de recuperación coordinado. Un comportamiento similar en las próximas semanas y meses podría movilizar nuevas fuentes de capital para los países que lo necesiten, incluidos los países de bajo ingreso, donde debe hacerse gran parte del trabajo de adaptación climática. Así, el G-20 podría basarse en las medidas que ya ha tomado para ayudar a los países de bajo ingreso durante la pandemia: suspender los pagos del servicio de su deuda y establecer un marco común de resolución de deuda no sostenible caso por caso.

Los gobiernos también podrían diseñar políticas que desbloquearan el capital y el ingenio del sector privado. Ahora mismo, los rendimientos de las inversiones verdes están aumentando y sus costos disminuyendo. Aun así, para conseguir un cambio acelerado del sector privado hacia energías más limpias y una mayor eficiencia energética es necesario el aumento sostenido del precio del carbono o medidas equivalentes. Parte de los ingresos puede utilizarse para garantizar una «transición justa» que proteja a las personas en situación de pobreza del aumento de los precios de la energía y que brinde asistencia a los trabajadores desplazados. Un plan de inversión verde financiado mediante deuda, combinado con la fijación de precios del carbono, podría de hecho impulsar el crecimiento económico durante años, creando aproximadamente 12 millones netos de nuevos empleos hasta 2027.

Si actuamos de forma sostenida, empezando ya, la historia recordará algo más en común entre las crisis climática y de la COVID-19: que salimos de ellas siendo más fuertes y más resilientes.

Fuente: Economis.