El autoabastecimiento de hidrocarburos es de interés público, y el Estado tiene legitimidad en la injerencia de la política de precios y cantidades por el impacto en la competitividad, el efecto sobre el poder adquisitivo de los salarios y la apropiación de los excedentes derivados de la explotación.

Es inevitable asociar el abrupto desplome del precio del petróleo a la crisis general asociada a la pandemia del COVID-19, pero sus fluctuaciones y tendencia a la baja ya se venia registrando durante un tiempo. Naturalmente que la baja en la actividad económica es un condicionante excluyente: China, la locomotora global, acaba de registrar en el primer trimestre de 2020 una caída en su PIB de 6,8 por ciento, la primera desde 1976.

A los factores de la coyuntura se le agregan los de la geopolítica, que inciden fuertemente en un mercado cartelizado como el hidrocarburífero: los acuerdos nucleares a los que suscribió Irán, cuarto productor mundial, le permitieron levantar las prohibiciones para poder vender petróleo, al tiempo que el segundo productor, Arabia Saudita, llamó durante tiempo a no restringir la producción para sacar del mercado a los jugadores con costos más altos, principalmente Estados Unidos. Este país había conseguido desde el 2015 convertirse en exportador gracias a su “revolución del shale”, y en los últimos días su Presidente había declarado ser impulsor de un acuerdo para restringir la oferta y, así, evitar una mayor caída del precio para proteger al sector energético estadounidense, que produce a costos más elevados que los mayores jugadores a la OPEP.

Frente a este escenario, ¿cuáles son las proyecciones para Vaca Muerta? La referencia para Argentina no es el WTI sino el Brent, que para junio se proyecta a 26 dólares. Pero, independientemente de esta circunstancia, las perspectivas para la gran promesa argentina ya eran preocupantes frente a los mayores costos que tiene la producción local del no convencional, que la volvían apenas rentable a 45 dólares (valor que estarían reclamando provincias productoras como garantía de mantenimiento de la actividad).

Hoy la discusión pasa por saber si el Estado puede convalidar dicho precio en un escenario que, independientemente de alguna recuperación momentánea, sugiere una cotización al menos para el resto del año que transitará bastante por debajo de ese monto. Hay un dato que no es menor: en nuestro país, el autoabastecimiento de hidrocarburos es de interés público, y el Estado tiene legitimidad en la injerencia de la política de precios y cantidades por el impacto en la competitividad, el efecto sobre el poder adquisitivo de los salarios y la apropiación de los excedentes derivados de la explotación. Y porque la actividad hidrocarburífera constituye una de las principales fuentes de ingresos para algunas provincias.

Pero convalidando la injerencia estatal en la política hidrocarburífera, que despliegue asistencia para un sector sensible como lo está haciendo en tantos otros, quedan tareas pendientes que en un escenario crítico se vuelven fundamentales. Y una de esas es proyectar cuál va a ser el rol de YPF, su principal instrumento y la que ostenta mayor porción de mercado, para traccionar la industria en una coyuntura crítica y ser artífice del sostenimiento de la actividad. Frente al escenario actual, el Estado no es el único que tiene que hacer el esfuerzo pero sí quien convoque a la industria y a los trabajadores a repensar cómo encarar los próximos meses de una coyuntura que se avizora compleja.

Arturo Trinelli es licenciado y profesor en Ciencia Política. Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flacso Argentina/desigualdades @flacso.org.ar

Fuente: Página 12.