La propuesta se encuadra en la crisis petrolera actual y en base a la baja cotización que presenta hoy la compañía a partir de la caída del valor de sus acciones.

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), que por ahora ha sido presentado en términos de propuesta y en despachos del gobierno nacional, propone la estatización total de YPF, en el marco de la crisis petrolera actual y en base a la baja cotización que presenta hoy la compañía a partir de la caída del valor de sus acciones, a fin de recuperar el rol de la operadora como empresa rectora de las políticas hidrocarburíferas en el país. Gustavo Lahud, uno de los autores del proyecto junto al economista Claudio Lozano, ex diputado nacional y actual director del Banco Nación, señaló este martes que el monto de desembolsar para quedarse con la empresa oscilaría “600 y 800 millones de dólares”.

“Venimos trabajando desde hace tiempo, incluso desde antes de la llegada de Alberto Fernández al gobierno, pensando en una reforma integral del sistema energético del país, ya que en las últimas décadas hemos tenido desequilibrios, con mayor tendencia a la rentabilidad empresaria o con mayor participación del Estado en la etapa kirchnerista, pero con falta de armonía en las visiones desde el Estado”, explicó en principio, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Por eso hemos pensado que el Estado nacional vaya más allá del 51 por ciento que maneja hoy de YPF y tome el control definitivo de la empresa, para ponerla en función de una política energética nacional que garantice el auto abastecimiento y a la vez una rentabilidad de carácter normal”, explicó Lahud, licenciado en Relaciones Internacionales, de la Universidad de El Salvador.

“Semanas atrás se podía hablar de 800 millones de dólares, pero hoy esa cifra incluso puede ser menor, debajo de los 600 millones de dólares si nos guiamos por el valor de la cotización de la empresa”, argumentó, al dar cuenta del valor de 3 dólares por cada acción de la principal petrolera del país.

Vale recordar que en 2012, cuando el Estado nacional expropió el 51 por ciento de las acciones de la petrolera, que en ese momento era controlada por el grupo Eskenazi, el valor de ese porcentaje fue del orden de los 5.000 millones de dólares, por lo que hoy se propone comprar la parte restante por prácticamente una décima parte de aquel valor, si bien se afirma que sería necesario realizar una oferta hostil (muy por encima de la cotización bursátil actual) para tomar el control de la petrolera.

La estatización, aseguran los autores del proyecto, apunta a recuperar “un criterio de planificación integrado y centralizado del sistema energético”.

Fuente: ADN Sur.