La medida se dispuso luego de las audiencias públicas llevadas a cabo el 19 y el 31 de enero. Se autorizaron aumentos del 36% en el valor del gas en la porción correspondiente a las distribuidoras y del 60% para las transportadoras a partir de marzo. Fuentes oficiales y del sector energético prevén que el impacto final en la tarifa sea de entre el 14% y el 17%.

Adicionalmente, advirtieron que ese aumento no se verá reflejado en las facturas de manera uniforme, ya que en algunos casos el período de consumo podría incluir días previos a la vigencia de los aumentos.

En el decreto se ratifican las adendas a los acuerdos transitorios de renegociación entre las compañías distribuidoras y transportadoras, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ministerio de Economía, suscriptas el 18 de febrero.

Desde el martes 1 de marzo en adelante las compañías transportadoras TGN (Transportadora de Gas del Norte) y TGS (Transportadora de Gas del Sur) y para las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gas Nor y Gas NEA pondrán en vigencia los incrementos.

El impacto en la tarifa final será variable para cada distribuidora, teniendo en cuenta que en el precio de la factura se tienen en cuenta cuatro factores: el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga tributaria, compuesta a su vez de impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.

Los ajustes tarifarios que resulten de la combinación de esos cuatro factores se aplicarán luego de un virtual congelamiento de casi tres años, período en el que solamente hubo un aumento de 6% en mayo de 2021.

Durante ese periodo el Estado tuvo que hacerse cargo de la diferencia a través de un incremento en los subsidios.

En la audiencia del 31 de enero la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, indicó que si se mantuvieran las tarifas de 2021, haría falta un desembolso adicional de $81.000 millones para este año, ya que el Estado cubre el 70,9% del costo total de la demanda prioritaria.

Segun la Subsecretaría, ese 70,9% representaría este año un monto total de $216.365 millones, y como el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado asignaba una partida de $ 135 mil millones, se necesitaría una erogación adicional de $ 81.000 millones.

En cambio, si el Estado cubriera el 44,4% en vez del 70,9%, no harían falta partidas adicionales, de acuerdo con los distintos escenarios presentados en la audiencia.