El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se presenta como la llave para atraer capitales y posicionar a la minería argentina en el mapa global. Pero detrás del optimismo oficial, se revelan los límites del modelo: sin infraestructura ni incentivos para sostener la producción actual.

El reciente informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados ofrece definiciones clave sobre el rumbo que el Gobierno de Javier Milei proyecta para el sector minero. En un contexto de promoción acelerada de inversiones, las respuestas del funcionario sobre litio, cobre y oro delinean el modelo productivo que busca impulsar la Casa Rosada.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentado como una herramienta de estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria para atraer capitales, se posiciona como el gran motor del nuevo esquema. Sin embargo, aspectos como el fortalecimiento de proveedores, la generación de empleo y la infraestructura siguen sin respuestas concretas.

Proyectos en el RIGI

Según el informe oficial, once proyectos fueron presentados al RIGI, con dos ya aprobados (uno en energía solar y otro en hidrocarburos) y una inversión total comprometida superior a los USD 15.000 millones. Seis de esas solicitudes corresponden a proyectos mineros —todos vinculados al litio y al oro— con inversiones estimadas en USD 4.700 millones. Entre los nombres destacados figuran Río Tinto, Galan Lithium, Posco y Minas Argentinas, con desarrollos en Salta, Catamarca y San Juan.

Aunque el Gobierno asegura que los beneficios fiscales del RIGI no tendrán un impacto inmediato, el régimen despierta interrogantes sobre su articulación con las leyes provinciales. No se contemplan mecanismos de resolución frente a posibles conflictos normativos, como el que podría surgir con la Ley 7.722 de Mendoza, que prohíbe el uso de cianuro. En estos casos, el Ejecutivo solo aclara que se exigirá el cumplimiento de las evaluaciones de impacto ambiental.

El rol del litio

El informe también destaca al litio como vector de crecimiento exportador: en 2024, generó USD 645 millones, y se proyecta que las exportaciones mineras totales superen los USD 25.000 millones hacia 2035. Por su parte, el cobre es la gran apuesta a futuro, con proyectos como MARA, El Pachón, Josemaría y Filo del Sol, impulsados por Glencore, BHP y Lundin Mining. Se estima que entre 2024 y 2031 se requerirán más de USD 33.000 millones en gastos de capital para desarrollar estos emprendimientos, concentrados en un 67% en cobre y un 31% en litio.

En paralelo, el oro sigue siendo la principal fuente de ingresos mineros. En 2024 representó el 67% del total exportado por el sector, con más de USD 3.100 millones. Sin embargo, el régimen vigente no contempla herramientas para promover nuevas campañas exploratorias en minas en producción, lo que pone en riesgo el principal sostén actual de las divisas mineras.

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) ya presentó una propuesta concreta para avanzar con un “RIGI ampliado” que incluya incentivos para empresas que, estando en producción, impulsen exploración. El planteo busca extender la vida útil de las minas con beneficios como amortización acelerada y estabilidad fiscal. La iniciativa —anticipada por este medio— apunta especialmente al segmento aurífero, donde la renovación de reservas es urgente. Por ahora, el Ejecutivo no ha dado señales de avanzar en esa dirección.

Otro de los puntos críticos que emerge del informe es la falta de planificación en infraestructura. El propio Ministerio de Economía reconoce que muchos proyectos mineros no podrán avanzar sin obras estructurales de alto impacto en materia vial, energética y ferroviaria. Aunque se menciona un relevamiento publicado en febrero y expresiones de interés de organismos internacionales, no hay definiciones concretas ni plazos para obras clave, especialmente en regiones como el Norte Grande.

Allí se concentran la mayoría de los proyectos mineros que buscan ingresar al RIGI, pero también se registran los mayores déficits en infraestructura, empleo y acceso a servicios.

Proveedores locales

Desde el Gobierno se admite que será necesario articular con provincias, municipios y sector privado, aunque esa articulación aún no se traduce en una política activa.

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Fuente: La Opinión Austral