El fiscal de Estado, Fernando Simón, le pidió a la Suprema Corte que resuelva en pleno distintas acciones presentadas contra municipios que a través de ordenanzas pretenden declararse “libre de fracking“. En concreto, Fiscalía de Estado entiende que puede existir una inconstitucionalidad de las “ordenanzas municipales que establecen regulación sobre la política y/o actividad hidrocarburífera, en forma contradictoria con lo establecido por legislación nacional y provincial vigente en la materia”.

Para Simón, es necesario que los siete miembros de la Corte se expidan sobre el tema y explica que en la actualidad hay distintas acciones que se tramitan en diferentes salas. Para evitar que se dicten fallos contradictorios, sostiene que es importante “unificar la adecuada interpretación normativa así como la doctrina aplicable”.

En este sentido, subraya que es un tema de trascendencia institucional y de interés público por lo que solicita que se convoque al Tribunal en Pleno a efectos de dictar sentencia. En concreto, pide que todos los jueces de la corte respondan a la siguiente pregunta:

¿Resulta compatible con las potestades atribuidas por nuestro régimen constitucional a Nación y Provincia, el establecimiento por parte de un Municipio de una prohibición absoluta al desarrollo de una técnica de exploración y/o explotación hidrocarburífera autorizada por la legislación nacional y provincial de aplicación?

De esta manera intentarán determinar si las ordenanzas emitidas por departamentos como Tupungato, San Carlos, Alvear y Lavalle son aplicables o violan lo establecido en la Constitución. Ambos municipios se han declarado “libres de fracking” pero quedan dudas sobre la legalidad de esas ordenanzas.

Específicamente, esas comunas prohíben en el departamento la actividad de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales bajo la técnica de fractura hidráulica.