Fredy Hinojosa, vocero presidencial, descartó la privatización de la compañía de hidrocarburos, a pesar de las recomendaciones del Directorio de optar por una gestión privada para asegurar la autosostenibilidad financiera.

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, descartó este martes la privatización de Petróleos del Perú (Petroperú), a pesar de que el directorio de la empresa estatal de hidrocarburos había propuesto a su Junta General de Accionistas la posibilidad de privatizarla para ampliar su respaldo financiero.

“Queremos dejar absoluta claridad de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no privatizará Petroperú”, señaló el portavoz en una rueda de prensa desde Palacio de Gobierno. En la víspera, la entidad señaló que requiere alrededor de 2 mil 200 millones de dólares adicionales para recuperar la estabilidad financiera.

Sin embargo, alertó que resultaría irresponsable solicitar tal cantidad al Estado peruano debido a los “usuales apetitos políticos”, ya que “nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos”.

Tal postura generó la respuesta de las autoridades nacionales, quienes se manifestaron tanto a favor como en contra de la pretención de la empresa. Entre ellos, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, señaló en Canal N que tal acción es una muestra absoluta de “antiperuanidad”, pues implicaría la venta de la entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a “la dictadura empresarial que gobierna al país”.

Tal y como expresó la institución en su comunicado, las condiciones financieras que requiere la empresa son tan anchas que afectaría a su accionista; es decir, al Estado peruano y, por consecuencia, tomaría los recursos de los ciudadanos. Como mencionado anteriormente, los cálculos de la empresa señalan un financiamiento adicional de 2 mil 200 millones de dólares.

“En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos”, señaló la empresa del Estado.

Por tal motivo, el Directorio argumentó que estar bajo gestión de un particular sería la mejor opción para lograr el retorno a la autosostenibilidad financiera y una mejor producción operativa. Así, la compañía del Minem solicitó su autonomía ante la Junta General de Accionistas, al igual que ante el Gobierno nacional, esperando una respuesta afirmativa para “continuar con una gestión que puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú”.

Crítica de la empresa

El Directorio informó igualmente que presentó el diagnóstico de la empresa (Carta PRES-0214-2024 y PRES-0213-2024) al Minem y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 7 de mayo mediante Antonio Mendoza, jefe de Gabinete de Asesores del Minem, y Betty Sotelo, viceministra de Hacienda del MEF; así como a los accionistas y a la presidenta Dina Boluarte el 8 de mayo. En este, la empresa cuestiona que el informe elaborado por la consultora Arthur D. Little/Columbus (ADL/C) sea tomado en cuenta para la reestructuración de la empresa dado su imprecisión.

En ese sentido, la empresa de hidrocarburos acusó que el informe está estructurado bajo una “serie de supuestos financieros y técnicos que no se han aplicado”. Por ejemplo, daba por sentado que la Nueva Refinería Talara (NRT) estuviera operativa desde el año en curso, lo cual generó que sus proyecciones tuviesen desvíos y, como tal, que las condiciones financieras de la empresa se agraven.

Fuente: Infobae