La petrolera malaya Petronas ratificó ante el Gobierno de Javier Milei su intención de avanzar con la construcción de una planta de Gas Natural Licuado (GNL), pero advirtió de una condición necesaria: un proyecto aprobado por el Congreso que brinde seguridad jurídica y beneficios impositivos para este tipo de inversiones, que alcanzarían los US$ 50.000 millones en todas sus variables.
Las autoridades de Petronas fueron recibidas en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, acompañado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En la reunión los ejecutivos de Petronas “mostraron su interés en realizar una inversión de US$180 millones para la ingeniería del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL)”, comunicó el Gobierno argentino.

Según la gacetilla difundida por el Gobierno, el proyecto global involucraría para 2031 inversiones del orden de US$20.000 millones para la planta de GNL, US$20.000 millones para pozos nuevos en Vaca Muerta y US$10.000 millones en infraestructura.

Estos números van en sintonía a los informes presentados por la anterior administración de YPF, que fue la que firmó éste memorándum con Petronas en septiembre del 2022.

En la cabecera de la mesa se sentó Nicolás Posse, jefe de Gabinete de la Nación, que además forma parte del directorio de YPF, en representación del Gobierno. El presidente Javier Milei le delegó en Posse un importante poder sobre las empresas con participación del Estado, al disponer en su órbita la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que tiene entre otras facultades la designación de directores o interventores en las empresas con participación estatal.

Acuerdo entre YPF y Petronas

El proyecto surgió en septiembre del 2022, con la firma de un Memorando de Entendimiento y un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto entre YPF y Petronas, para llevar a cabo estudios detallados de posibles proyectos integrados de GNL en Argentina, que de avanzar, implicaría una inversión inicial de US$10.000 millones.

Entre los primeros pasos para avanzar en este proyecto, previo a la decisión final de inversión, está la ingeniería para las plantas de GNL e instalaciones en el puerto de Bahía Blanca, la ingeniería de un nuevo gasoducto que una a Vaca Muerta con Bahía Blanca, y también el detalle sobre las instalaciones upstream necesarias.

Para finales de 2024 está previsto que Petronas tome la decisión final de inversión. Para ello, necesita un aspecto clave: el marco jurídico.

Ley de GNL

El comunicado de Jefatura de Gabinete menciona que este tipo de inversiones en infraestructura a mediano y largo plazo “serán posibles gracias a la seguridad jurídica que busca fomentar la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que se debate en el Congreso”.

La mención es por uno de los capítulos del proyecto que establece la creación del régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), que incluye a los sectores de la agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología.

Entre otros beneficios dispone una importante reducción de las retenciones, una menor carga tributaria y porcentajes de libre disponibilidad de divisas según las ganancias generadas. Establece, por caso, la “excepción a la obligación de ingreso y negociación en el mercado de cambios”.

En 2023 y bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, el Gobierno de Alberto Fernández envió un proyecto de GNL al Congreso, que fue aprobado en Diputados y que busca generar incentivos para las inversiones en este sector.

El proyecto fue criticado por los actuales funcionarios, que optan por avanzar en un marco para grandes inversiones y no descartan en el futuro promover un proyecto para la industria del GNL pero sin límites mínimos a las inversiones.