La Justicia falló en primera instancia a favor de la compañía, y los inversores apelaron. Petróleo Brasileiro S.A.,más conocida como Petrobras, es acusada por inversores argentinos de manipular sus libros contables y generar un fraude contra aquellos que compraron las acciones de la compañía. Según la sentencia del fallo de primera instancia, no se puede someter a juicio a un estado soberano, dando a entender que la empresa, que tiene accionistas privados, es un ente público.

En 2018, la petrolera brasileña admitió haber manipulado sus balances, luego de que se descubrieran sobornos y sobreprecios en los casos denominados Petrolao y Lava Jato. En ese entonces, llegó a un acuerdo económico con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés), el regulador del mercado de valores en Estados Unidos. La sanción equivalió a US$1786 millones. De acuerdo al informe de la SEC, altos ejecutivos de Petrobras arreglaron con contratistas y proveedores para inflar en “miles de millones de dólares” el costo de proyectos de infraestructura de la empresa. “Las compañías que ejecutaban esos proyectos pagaron miles de millones en sobornos a los ejecutivos de Petrobras, que compartieron los pagos ilegales con políticos brasileños que les habían ayudado a obtener sus altos cargos en Petrobras”, había dicho el ente en un comunicado.

En la Argentina, el juez Pablo Yadarola resolvió que Petrobras no es judiciable en el país en virtud a la aplicación de la ley 24.488, que dice que no se puede someter a juicio a un estado.

Fuentes judiciales dijeron“Llamamos a indagatoria a Petroleo Brasileiro y a 34 personas que eran directivos de la empresa en representación del estado brasileño. La respuesta que tuvimos del procurador de Brasil es que los exdirectivos eran funcionarios públicos y que muchos de ellos ya se declararon como arrepentidos y no pueden ser llamados a indagatoria nuevamente. En relación con Petrobras, el procurador dijo que es un activo del gobierno de Brasil, por lo cual tampoco se la puede imputar. Hay una dificultad técnica producida por el estado subyacente a la que se le pide la cooperación”.

El 36,75% de Petrobras está en manos del estado de Brasil (28,67% del gobierno y 8,08% del banco de inversión estatal). El resto cotiza en la bolsa de Brasil y en Nueva York. YPF, por caso, tiene al Estado argentino como principal accionista con el 51% de participación, pero igualmente se la considera una empresa privada y debe regirse bajo las normas del derecho privado.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires realizado en 2016, el prejuicio para los inversores locales supera los US$730 millones, que equivalen a la pérdida de valor que tuvo la empresa producto del escándalo Petrolao o Lava Jato. Osvaldo Prato, representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, indicó en un comunicado que “resulta extraño que un juez diga que una empresa que cotizaba en la Bolsa de Buenos Aires, que absorbió dinero de los ciudadanos argentinos con información falsa y defraudó a los mismos, no está sujeta a la ley argentina”.

El grupo de inversores apeló la sentencia y está a la espera del fallo de la sala A de la Cámara Penal Económico. De confirmarse la orden de primera instancia, cualquier compañía con control mixto que cotice en la bolsa de Buenos Aires podría manipular sus balances en la Argentina sin que se juzgue un perjuicio para los inversores, ya que se generará un precedente.“El tema fundamental es que hay hechos confesos por parte de Petrobras y se le aplicaron sanciones en todas partes del mundo. Solo en la Argentina no se estableció una multa. Petrobras vendió los activos locales para pagar multas y sanciones en Brasil, y dejó el mercado de capitales con una herida muy grande en los inversores”, explica Carlos Negri, abogado de la causa, ex fiscal penal económico y titular del estudio jurídico Negri, Curzi & Asociados.