En los últimos días, Petro-Perú ha vuelto a acaparar titulares y columnas de opinión. Y, pese a que desde hace años se viene advirtiendo sobre el despropósito que el Estado Peruano está haciendo en el sector hidrocarburos, nada parece que impedirá que el enorme barril sin fondo en que se ha convertido la petrolera estatal se siga tragando los recursos de todos los peruanos.

Durante el gobierno de Castillo, Petro-Perú recibió un aporte de capital por S/4.000 millones y una línea de crédito de US$500 millones. Sumados a un préstamo de US$750 millones y a la ayuda tributaria por S/500 millones. Solo en el 2022, Petro-Perú recibió del Estado el equivalente al 1% del PBI. Esta capitalización obligaba a la petrolera estatal a entrar en un proceso de reestructuración que le permitiera fortalecer su gobernanza y sostenibilidad financiera. Hasta hoy nada se sabe de esta reestructuración, pero lo que sí se sabe es que entre el 2022 y el 2023 Petro-Perú ha acumulado pérdidas por US$1.700 millones. Es meridianamente claro que se trata de una empresa con un pésimo manejo corporativo y con muy poca transparencia en su gestión.

Y, pese a que hace solo unos meses el ministro de Economía, Alex Contreras, había aseverado que no había espacio para capitalizar a la petrolera estatal, hoy el Gobierno plantea responder positivamente a los pedidos del Ministerio de Energía y Minas que demandan una nueva y millonaria inyección de US$2.550 millones. Y aquí es imperioso recordar que el titular de Energía y Minas, Óscar Vera, es un empleado de Petro-Perú… con licencia. Un enorme conflicto de intereses que todos en el Gobierno han decidido pasar por alto.

Posible default

Los políticos peruanos suelen no rendir cuentas ni asumir la responsabilidad por las políticas que implementan durante sus gobiernos, pero el caso de Ollanta Humala y Humberto Campodónico es realmente escandaloso. Desde un principio, el proyecto de modernización de la refinería de Talara era un sinsentido. Diversos expertos en el sector advirtieron de la pérdida que la refinería representaría para el Perú, llegando incluso a sostenerse que, desde un punto de vista económico, el proyecto nunca debió haberse iniciado (IPE). Hoy ya no queda la menor duda del enorme error que Talara significó. El costo de la obra ha superado los US$6.500 millones: cinco veces más de lo que inicialmente se había estimado. Y se calcula que llegará a US$8.500 millones si se consideran los intereses postconstrucción. El problema hoy es que Petro-Perú está a punto de caer en ‘default’ al no poder cubrir los pagos de la deuda financiera y necesita un nuevo salvataje.

En el 2023 y pese a que Petro-Perú no tiene la experiencia ni la espalda financiera para explotar lotes petroleros recibió, con la complicidad de Perú-Petro y su directorio, la explotación de los lotes 192 (por 30 años y que supone una inversión de US$638 millones) y los lotes 1, 6, Z69 (lote ‘offshore’ que implica que Petro-Perú debe administrar más de 70 plataformas petroleras marinas) y el 64. Para poder hacerlo, Perú-Petro cambió los lineamientos para la calificación de interesados, eliminando el porcentaje mínimo del patrimonio neto residual para acreditar la capacidad económica-financiera. Gracias a esto, Petro-Perú fue calificada como sujeto económico. Todo ello para permitirle generar caja para poder cubrir sus costos de operación, sabiendo que en el camino los lotes se deteriorarían por su falta de capacidad.

Y esto ocurrió pese a que la norma que aprobó la remodelación de la refinería de Talara establece que Petro-Perú no podía incurrir en actividades que pudiesen generar pasivos que pusieran en riesgo las obligaciones financieras contraídas dentro del proyecto; es decir, no podía dedicarse a la exploración y explotación, y tampoco podían demandar recursos del tesoro público. Sin embargo, como todo en el Perú, hecha la ley y hecha la trampa.

No cabe la menor duda de que la ineptitud con la que se ha manejado la crisis de Petro-Perú ha llevado a un deterioro aún mayor de la empresa. Es urgente que la dirección de Petro-Perú pase a manos privadas. No podemos seguir permitiendo el despilfarro de recursos que pagamos todos y cada uno de los peruanos.

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