La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la polémica Ley de Hidrocarburos, que busca fortalecer a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y combatir el robo de combustibles, y remitió la iniciativa al Senado.

“Con 271 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, el pleno aprobó, en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos”, indicó la Cámara Baja en un boletín.

El documento, remitido al Senado para ratificación, deriva de una iniciativa que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados el pasado 26 de marzo.

Con lo aprobado por los diputados -en una sesión que terminó a las 2.00 hora local (7.00 GMT) tras 12 horas de debate- se actualiza y regula el almacenamiento mínimo de petrolíferos.

“También, robustece el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles, y suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, indicó el comunicado.

Además, se incluye como causal de revocación de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente.

Incorpora la posibilidad de que las autoridades puedan llevar a cabo la suspensión de los permisos que emitieron, “a fin de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros”.

La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Pemex -severamente endeudada- un mayor control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.

La reforma abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y busca “rescatar” a Pemex y tumbar la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2014.

De la misma manera que la Ley de la Industria Eléctrica, hoy suspendida judicialmente, esta normativa ha recibido críticas de la oposición, del sector empresarial y de analistas que consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación.

“Esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como el de seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional”, denunció en días pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un organismo autónomo de México, advirtió este miércoles que dicha ley podía afectar la competencia al no dar suficiente “certidumbre” a las empresas públicas y privadas.