Desde la fundación de Maizar, percibimos el creciente interés mundial por las energías renovables y amigables con el ambiente, y comenzamos a encarar acciones para el desarrollo de la industria de bioetanol en la Argentina.

Estábamos convencidos de que las inversiones en nuevas plantas de bioetanol en el interior del país, y los desarrollos tecnológicos asociados, generarían efectos positivos sobre las comunidades donde se localizaran, ya que, entre otros, se favorecería la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, y se valorizaría la producción de maíz, sobre todo en regiones alejadas de los puertos. Y no nos equivocamos.

Con esos objetivos, en septiembre de 2004 contratamos al licenciado Gustavo Vergagni y publicamos el trabajo de investigación: “La industria del etanol a partir de maíz: ¿es factible su desarrollo en Argentina?”. Al año siguiente, invitamos a disertar a Robin Guyer, director de una compañía de bioetanol de maíz establecida en Illinois, propiedad de una asociación de productores agropecuarios. Su relato fue un ejemplo de los beneficios que pudo alcanzar una comunidad rural decidida a enfrentar el problema de su extinción, por el abandono de los jóvenes, que emigraban a las ciudades en busca de mejores oportunidades.

En 2006, participamos en el diseño y posterior aprobación de la Ley de Biocombustibles (26.093) que permitió que esta industria comenzara a desarrollarse en el país. Para alcanzar los objetivos deseados, se implementó un régimen de promoción de la actividad mediante incentivos orientados a pequeños y medianos proyectos capaces de abastecer el mercado doméstico. El propósito era desarrollar a este tipo de empresas, incentivar la inclusión de productores agropecuarios y propiciar el crecimiento de las economías regionales. Bajo este marco regulatorio, se construyeron 54 plantas de biocombustible en diez provincias del país, que capturaron casi 3000 millones de dólares de inversiones, considerando plantas de bioetanol, biodiésel y facilidades para el mejor aprovechamiento de subproductos. Además, evitaron importaciones de combustibles por más de 10.000 millones de dólares y generaron más de 60.000 puestos de trabajo, al tiempo que potenciaron a otras industrias y servicios regionales.

Los biocombustibles constituyen una política de Estado desde hace casi 15 años. Su historia es breve pero los beneficios son extensos, más allá de su impacto en la sustitución de importaciones y en la generación de empleo. Los biocombustibles permiten la industrialización de la producción primaria en origen, aportando al desarrollo regional; contribuyen a diversificar la matriz energética nacional; y favorecen la sostenibilidad ambiental, ya que, en promedio, permiten más de un 70% de reducción de emisiones de dióxido de carbono en relación a sus equivalentes fósiles.

No obstante, pese a los grandes esfuerzos e inversiones realizadas, el futuro de los biocombustibles aún es muy incierto: el régimen de promoción vence en mayo de 2021, y la industria podría quedar totalmente desregulada. Si bien el Poder Ejecutivo está facultado para extender su vigencia hasta diciembre de 2024 mediante un simple decreto, los integrantes de la cadena de valor de biocombustibles, nucleados en la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas, consideran que, dada la relevancia de la industria, sería mejor que el Congreso sancione una nueva ley. Este camino permitiría, entre otras cosas, ir hacia mayores porcentajes mínimos de corte, que hoy son del 12% para el bioetanol y del 10% para el biodiésel.

Corte obligatorio

En el caso del bioetanol, el anteproyecto de la Liga Bioenergética prevé un corte obligatorio del 15% desde el inicio de su vigencia, que iría aumentando progresivamente hasta alcanzar el 27,5% en el año 2027, porcentaje que ya utiliza el mercado automotor de Brasil. Y también busca impulsar, como en este país vecino, los vehículos con motores flex, que pueden utilizar 100% de etanol. Este proyecto de ley también ofrece un horizonte de largo plazo y reglas del juego previsibles, que permitirán a más jugadores invertir en el sector y favorecerán una mayor participación de las provincias en un modelo de promoción federal.

Sin embargo, esta posibilidad de desarrollo y agregado de valor ambiental y económicamente sostenible no es, lamentablemente, acompañada por todos. Hace unos días, comenzó a circular una propuesta que las compañías petroleras le habrían presentado al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, con lineamientos generales para otra ley de biocombustibles.

Este otro proyecto es totalmente antagónico al propuesto por la Liga Bioenergética. Entre sus principales características, prevé que se habilite a las petroleras a producir biocombustibles y, vía subsidios, la construcción de plantas de gran tamaño. Los biocombustibles ayudan a la desconcentración del mercado de combustibles líquidos siempre y cuando sean producidos por empresas independientes de las compañías petroleras, que es un sector altamente concentrado. En caso de que este otro proyecto prospere, las petroleras quedarían con el control absoluto de toda la industria de combustibles líquidos.

El proyecto de las petroleras pretende, por otra parte, mantener los valores actuales de mezclas, e inclusive reducirlos, bajo el argumento principal de que los combustibles fósiles son más baratos de producir. Lógicamente, el proceso de producción de biocombustibles (que incluye insumos, siembra, cuidado del cultivo, cosecha, almacenamiento y transporte de los cultivos que se utilizan como materias primas) resulta más costoso que la mera extracción de petróleo, un producto de la naturaleza generado en millones de años. Sin embargo, deben contabilizarse las llamadas externalidades de los proyectos bioenergéticos, que incluyen la posibilidad de evitar los costosos fletes a los puertos que muchas veces dejan fuera de mercado a los cultivos de las zonas alejadas, las inversiones, la generación de empleos, los beneficios de la industrialización en origen y todo el impacto positivo sobre las economías regionales, la diversificación de la matriz energética del país, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y también la mejora de la calidad de los combustibles, gracias a un mayor contenido de octanos y la sustitución de aditivos que son cancerígenos.

Se sabe que nuestro país tendrá que afrontar una profunda recesión a causa de la pandemia, que va a impactar dolorosamente en la sociedad. En este contexto, las únicas medidas que nos podemos permitir son las que generan oportunidades para el desarrollo productivo y permitan generar y sostener empleos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. El país no puede seguir desperdiciando oportunidades. Nuestros legisladores no deben condenar actividades sostenibles que se han desarrollado de una manera federal, con un gran esfuerzo. Es enorme la oportunidad que tiene el gobierno nacional para avanzar en una clara federalización y agregado de valor de la producción primaria, de un modo sostenible, que permitirá evitar importaciones y generar divisas por exportaciones.

El autor es presidente de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar)

Fuente: La Nación.