La destitución del presidente Martín Vizcarra ha despertado la preocupación de cómo este acontecimiento político podría afectar la reforma energética de Perú, que ya ha sufrido algunos retrasos debido al ambiente preelectoral y el COVID-19.

La revisión del marco regulatorio de los hidrocarburos para estimular la actividad upstream no ha avanzado, aparte de ajustes más pequeños, mientras que una comisión gubernamental sigue revisando la reestructuración del sector eléctrico.

Para brindar información sobre cómo podrían evolucionar las reformas en el corto plazo, BNamericas conversó con Augusto Astorga y Carlos Hamann, socios y especialistas en energía, petróleo y gas del bufete CMS Grau, con sede en Lima.

“No es el momento de llevar una reforma de la ley orgánica al Congreso, creo que más puede salir perdiendo si pones el tema en discusión que si no lo tocas”, señaló Hamann.

También explicó que la oportunidad de avanzar en la reforma se perdió en el congreso anterior, que estaba más abierto a cambios legislativos, y que aunque había cierta oposición que impulsaba una agenda antiminera, antiextractivista y proambiental, este grupo tiene ahora más representación en el Congreso.

Para Hamann, aparte de un nuevo ministro de Energía y Minas y quizás cambios en otros puestos sectoriales de alto nivel, no se espera que la política cambie bajo el nuevo jefe de Estado, Manuel Merino.

“No creo que pase nada relevante”, indicó. “Sí va a pasar probablemente la toma de Petroperú con algún socio en el lote 192”.

En cuanto al sector eléctrico, Hamann y Astorga destacaron la necesidad de que el Ministerio de Energía y Minas implemente un mecanismo sobre la determinación de los precios del gas natural.

Astorga se hizo eco de la visión de su colega en el frente de los hidrocarburos: “Algo que no se va a poder resolver en estos ocho meses, y definitivamente, es una nueva ley de hidrocarburos”.

Tras las elecciones presidenciales de abril próximo, la nueva administración asumirá el cargo en julio.

CONFLICTOS SOCIALES

Cuando se les preguntó sobre la intensificación de los conflictos sociales a pesar de la mayor participación de la sociedad que ha promovido el gobierno para abordar las deficiencias, Astorga dijo que el descontento continúa porque el plan del gobierno es a mediano y largo plazo y no cubre adecuadamente las necesidades sanitarias inmediatas de las comunidades afectadas por el coronavirus.

Según Astorga, las comunidades sienten que han sido olvidadas y que la única forma de hacerse oír es ocupando la estación 5 del Oleoducto Norperuano y cerrando el paso a los bloques 192 y 95, por ejemplo.

“Si yo estuviera en el gobierno encapsularía todo el negocio petrolero de la selva alrededor del Oleoducto Norperuano bajo un régimen especial para dar garantía de transporte a las empresas y sostenibilidad al oleoducto, y atender mejor las demandas comunitarias”, agregó.

GASODUCTO SUR

Sobre el futuro de este ducto, ahora conocido como Sistema Integrado de Transporte de Gas de la Zona Sur (Sitgas), Hamann no espera que el gobierno actual lance una licitación para su desarrollo.

“Un proyecto petroquímico sería el gran ancla [para Sitgas], pero creo que el país no tiene claro si quiere o no un proyecto petroquímico”, agregó.

Fuente: Bnamerica.