Se trata de inversiones necesarias para mantener la infraestructura en sectores con planes de inversión.

Con un déficit crónico de infraestructura en todo el país (rutas y vías férreas de trenes de carga en mal estado, caminos por hacer, sobrecargas y escasez en líneas eléctricas de de alta tensión, penetración de las redes de telecomunicaciones) y un Estado nacional que no hará más obra pública mientras Javier Milei sea presidente, las empresas petroleras y mineras junto a los gobernadores provinciales se pusieron a la cabeza del reclamo a la Nación para acelerar las privatizaciones de concesiones de obra.

Sin infraestructura adecuada, el desarrollo de los sectores a los que más apuesta el Gobierno (la energía de Vaca Muerta, la minería y el campo) será más lento e incluso varios proyectos podrían quedar truncos.

Según los cálculos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), para sostener un crecimiento económico de 3% anual en todo el país “hacen falta inversiones por el equivalente a un 9% del Producto Interno Bruto (PIB), o sea unos 54.000 millones de dólares por año en infraestructura”, en palabras de su presidente, Gustavo Weiss.

Un tercio de esa cifra es para el mantenimiento de lo existente en Nación, provincias y municipios; otro tercio es de ampliaciones del stock y obras nuevas; y el resto deberían ser inversiones de operadores privados que manejan servicios públicos, como las redes de energía, gasoductos y telecomunicaciones. “En los últimos 50 años se invirtió menos del 40% de lo necesario, por eso Argentina tiene un déficit de infraestructura”, cuenta Weiss.

Hace 10 días, durante la exposición ArMinera en La Rural, los ejecutivos de la canadiense McEwen Copper y la francesa Eramet contaron que pagan “casi tanto en costo logístico como en los reactivos en sí”.

“Tenemos trabas para acceder a la energía, el 10% de nuestras inversiones fue para suplir la electricidad que no tenía el sistema”, recuerda Alejandro Moro, CEO de Eramine, que produce litio en Salta.

Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper, fue más allá. “Si alguien espera que nosotros hagamos la infraestructura, como 1.400 kilómetros de trenes, deja de ser rentable un proyecto. El beneficio de la minería está en los 40 a 50 años de operación, no en la construcción”.

Los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza (Carlos Sadir, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, respectivamente) elevaron reclamos a Nación para acelerar las privatizaciones de las rutas y la provincialización de obras.

Cornejo incluso declaró: “El Gobierno nacional tiene que comprender que es necesario que trabajemos juntos en esa infraestructura, porque los caminos no se van a hacer solo con inversión privada”.

Y el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, expresó: “Tenemos que ocuparnos de los problemas de la infraestructura, reclamar el avance de las licitaciones de rutas nacionales y ferrocarriles. Los mega proyectos de litio y cobre van a ir creciendo de la mano de la infraestructura”.

En ese sentido, una charla de pasillo que escuchó Clarín versó sobre el modelo de Perú de canjear obras por impuestos, donde las empresas privadas financian y ejecutan proyectos de inversión pública en lugar de pagar sus impuestos en efectivo. A un funcionario nacional le gustó el esquema, pero recordó que como la Nación no va a hacer más obras, los privados deberán canjear infraestructura por pago de regalías a las provincias.

En Vaca Muerta, en tanto, las petroleras se juntaron para hacer 51 kilómetros de pavimentación de rutas en Neuquén, vitales para mejoras los accesos a los campos de shale. La energía ya logra que los privados financien obras como oleoductos para exportaciones y próximamente también gasoductos; se espera que en los próximos años también construyan líneas eléctricas de alta tensión.

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Fuente: Clarín