La “ley ómnibus”, que según el Gobierno consiste en “las bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, entró a los Diputados. Se discutirá en forma extraordinaria.

Este miércoles, el presidente Javier Milei envió a la Asamblea Nacional de Diputados su primer proyecto desde que asumió el cargo el 10 de diciembre. Consiste en un paquete de reformas denominado “Básicos y puntos de entrada a la libertad argentina”.
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El proyecto, que tiene cuatro capítulos y más de 300 páginas, aborda la desregulación de la economía y declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

Hace una semana, proclamó un decreto que incluía más de 300 cambios y derogaciones a leyes, y que aún nada se debatía en el Congreso. Milei también sugiere ratificar ese decreto en su proyecto.

Principios para las reformas

YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas son tres de las principales reformas inscritas en este proyecto de ley, el cual establece la privatización de 41 empresas entre Sociedades Anónimas y Sociedades del Estado.

También se propone eliminar la fórmula actual de movimiento de jubilaciones. Mientras se establezca una fórmula automática, el Ejecutivo nacional puede realizar aumentos periódicos dando prioridad a quienes tienen menores ingresos, según el proyecto.

En cuanto a sujetos argentinos y no argentinos (con bienes en el país), se solicita una regularización de activos, conocida como “blanqueo de capitales”.

El ministro de Economía y la Secretaría de Bioeconomía han confirmado lo anticipado en relación a una suba general de retenciones a la exportación, excepto en la soja (que se mantiene en 33%) y en distintas economías regionales.

“Para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR que actualmente estuvieran gravadas con derechos de exportación”, se establece una alícuota del 15% del derecho de exportación, o si “actualmente estuvieran gravadas con una alícuota inferior al 15 %”.

Si bien Caputo había anticipado una reducción de las retenciones para estas industrias, el gobierno propone mantener los actuales derechos de exportación de hidrocarburos y minería.

Se han realizado numerosos cambios con respecto a la Ley de Hidrocarburos y el sector energético. De hecho, el Gobierno sugiere modificar la regulación en vigor e interrumbir la intervención del Poder Ejecutivo en lo que se refiere al mercado interno acerca de “los precios de comercialización en cualquiera de las etapas de producción”.

Además, sugiere que las empresas estatales sólo podrán vender “sólo a precios que reflejen el equilibrio de la industria competitiva, es decir, a las correspondientes paridades de importación o exportación, según corresponda”.

Además, respecto a las importaciones, el gobierno propone que “el comercio internacional de hidrocarburos será libre”.