Marcelo Rucci salió al cruce porque ya no se obligará a las petroleras al uso de las mantas oleofílicas para absorber derrames en los pozos.

La decisión de la secretaría de Ambiente de Neuquén, a cargo de Leticia Esteves, que elimina la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas para contener derrames en los pozos petroleros, desató una polémica en el corazón de la industria de Vaca Muerta.

Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, calificó la medida como un retroceso y advirtió sobre las consecuencias ambientales y laborales que podría acarrear esta decisión.

Rucci, en diálogo con radio Capital, dijo que habló personalmente con el gobernador Rolando Figueroa para manifestarle su preocupación por la decisión que tomó la funcionaria provincial. Y que le dejó en claro que “en Vaca Muerta no vale todo”.

Según el sindicalista, la conversación con el mandatario provincial se centró en la posibilidad de revertir la resolución, a la que el sindicalista calificó como un error que habilita prácticas obsoletas que atentan contra el medio ambiente y la seguridad en los yacimientos.

Marcelo Rucci: “Retrocedemos a viejas prácticas”

Se trata de la Resolución 159/24, publicada en el Boletín Oficial de Neuquén el 5 de noviembre, que derogó normas vigentes desde 2014 que establecían el uso obligatorio de mantas oleofílicas orgánicas, absorbentes y no inflamables en tareas de exploración, explotación, perforación y servicios de apoyo a pozos.

El sistema fue creado para contener derrames y evitar la contaminación del suelo, había sido promovido como un estándar ambiental clave en la región, pero con el mercado de tres o cuatro emperras que ofrecían ese servicio.

Rucci no dudó en señalar que esta decisión “nos hace retroceder a viejas prácticas”, y se refirió a que, en el pasado, las empresas contenían esos derrames con bandejas colectoras y otros métodos que, según él, ya demostraron ser ineficientes y perjudiciales. “Si hay algo mejor que las mantas para absorber los derrames, no lo conocemos”, afirmó Rucci.

El sindicalista subrayó que la medida no solo pone en riesgo al medio ambiente, sino también el empleo de más de 500 trabajadores vinculados a la industria. También cuestionó las motivaciones detrás de la resolución. “Las petroleras buscan ahorrar y beneficiarse lo más que puedan, pero eso no puede ser a costa del medio ambiente ni de los puestos de trabajo”, sentenció.

“Son de las industrias que más beneficios han tenido en los últimos años, pero no podemos permitir que la presión empresarial nos haga volver atrás”, indicó. Uno de los puntos más destacados por Rucci fue la afectación directa a las pequeñas y medianas empresas proveedoras del servicio de mantas oleofílicas.

Tres empresas prestan servicios

En la Cuenca Neuquina, tres firmas dominaban este mercado: AESA (subsidiaria de YPF), Environmental Services y Real Work. La primera, al ser proveedora de la petrolera estatal, lideraba en volumen, mientras que las otras dos compartían el resto de la demanda.

El cambio normativo deja a estas empresas en una posición incierta, especialmente en el caso de Real Work, que según fuentes de la industria mantenía vínculos históricos son el sindicato petrolero.

La insistencia en el cambio de la normativa ambiental no es nueva en la agenda de las grandes operadoras. Desde 2018, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y el Instituto Argentino de Gas y Petróleo (IAPG) venían presionando para eliminar la obligatoriedad de las mantas oleofílicas. Argumentaban que el sistema “restaba competitividad” y proponían reemplazarlo por soluciones técnicas superadoras.

Rucci sostuvo que esta decisión “no favorece a nadie” y marca un retroceso en un momento crítico para la explotación hidrocarburífera. “La presión empresarial no puede estar por encima de la seguridad ni del medio ambiente. Creo que hay límites y es la seguridad y eso nos corresponde en gran parte a nosotros y el medio ambiente, pero mucho más al gobierno provincial”, aseguró y afirmó que mantuvo una conversación directa con el gobernador Figueroa, a quien le planteó su preocupación por el impacto de la medida.

¿Darán marcha atrás?

“Fue un error. Lo importante es que se está evaluando y se revisa la situación”, expresó el gremialista. Según el sindicalista, el gobernador mostró apertura para analizar el tema, aunque aún no hay confirmación de un posible retroceso en la norma.

“No se puede permitir que el desarrollo de Vaca Muerta pase por encima del medio ambiente y de los trabajadores”, sostuvo. Además, reiteró que la seguridad es una prioridad que no puede estar en discusión.

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Fuente: Aim Digital