La Secretaría de Energía está trabajando en los lineamientos de un programa destinado a ampliar las redes de 500 kV. Los funcionarios saben que por la incertidumbre política, la crisis y el alto riesgo país es inviable avanzar con las obras. Pero quieren que la iniciativa quede como un insumo técnico para quien gobierne a partir del 10 de diciembre.

La Secretaría de Energía está trabajando en los lineamientos del programa TransportAr, destinado a ampliar las redes de transporte eléctrico. Si bien quedan menos de dos meses para el recambio presidencial y el candidato opositor, Alberto Fernández, es amplio favorito en las elecciones del próximo domingo, la intención de los expertos abocados al plan es que el material quede como un insumo de trabajo para quien gobierne a partir del 10 de diciembre.

El objetivo es que las nuevas líneas se organicen con una lógica económica distinta, tratando de apostar por aquellas regiones que tienen un potencial de exportación y no están pudiendo desplegarlo por la falta de infraestructura. «En cuanto al diseño de las redes de 500 kV, la estrategia es diferente. Queremos que las nuevas líneas propicien en aumento del consumo en regiones que pueden generar riqueza y no lo hacen por falta de infraestructura», explicó a EconoJournal un técnico de la cartera que dirige Gustavo Lopetegui.

A comienzos de la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, diseñó un proyecto destinado a ampliar la infraestructura con una línea de transmisión eléctrica de extra alta tensión que debía unir Río Diamante (Mendoza) con Charlone (Buenos Aires). Sin embargo, esa obra nunca comenzó. Se apostó a financiar la obra con el régimen de Participación Público Privado (PPP), pero esa modalidad nunca pudo despegar, sobre todo después de la crisis cambiaria que se inició a fines de abril del año pasado. Por lo tanto, el tiempo fue corriendo sin que los proyectos se materializaran. Incluso se adjudicaron decenas de proyectos del programa Renovar, pese a que no tenían asegurada la capacidad de transporte. Hoy decenas de esos proyectos están paralizados por falta de financiamiento y es probable que es cancelen a principios del año próximo.

Uno de los objetivos del nuevo plan TransportAr es poner el foco en la ampliación del sistema de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. A raíz de ello, y como anticipó este medio en julio, una de las obras que está en carpeta es el tramo Abasto-Plomer en el noroeste, pues la capacidad de transporte del AMBA está saturada. Lo que se busca es descargar la energía que ingresa por los nodos de Ezeiza y Rodriguez y hacer que llegue por un nodo nuevo que será Plomer, ubicado en el Partido de Gral. Las Heras, lindante con Luján, Gral. Rodríguez y Mercedes al noroeste. A Plomer podría llegar luego energía de la Central Térmica Manuel Belgrano y de la Central Nuclear de Atucha.

También se quiere desarrollar la zona centro, que abarca La Pampa, el sur de Córdoba y Santa Fe, el este de San Luis y el norte de Río Negro donde las economías regionales vienen demandando infraestructura para poder crecer. Allí se piensa impulsar la construcción de la línea Choele Choel-Villa Regina. Otras regiones con mucho potencial de desarrollo reprimido son el NEA, fundamentalmente Chaco y Formosa, la zona de Cuyo, y el noroeste, más precisamente San Juan, La Rioja y Catamarca.

El monto total de las obras de 500 kV relevadas por la primera fase del TransportAr demandaría unos 800 millones de dólares.

Plazos

Las obras demandarían entre 20 y 24 meses y, una vez concluidas, los privados podrían montarse para trazar redes de distribución. La modalidad de financiamiento dejará de lado el régimen PPP, un esquema que, en rigor, nunca fue del agrado de los técnicos de carrera de la Secretaría de Energía. Es probable que se avance con el esquema tradicional del contrato COM donde el Estado licita la obra y el contratista que gana es el encargado de garantizar el financiamiento.

Funcionarios de la secretaría de Energía aseguraron que se están manteniendo reuniones para tratar de seducir inversores y poder conseguir tasas razonables. Ya existieron reuniones con inversores de Japón y Australia. «La idea es conseguir financiamiento inferior a un 6%», explicaron en la Secretaría de Energía. El capital se repagaría a 15 o 20 años y no debería impactar en más de un 3 por ciento de la factura final.