La posible pesificación de los contratos eléctricos Power Purchase Agreement es un tema que circula en el sector de las energías renovables y genera diversos puntos de vista al respecto.

Agustín Siboldi, abogado y socio del O’Farrell Abogados y miembro de la Comisión Directiva de CADER, afirmó que: “tanto desde el punto de vista legal como desde la perspectiva de la política regulatoria, la única forma de cambiar la moneda de los Contratos de Abastecimiento es a partir del acuerdo de las partes”.

“De no mediar acuerdo, debería respetarse el contrato celebrado en el marco de la Ley 27.191, propuesta por el actual oficialismo y acompañada por la casi unanimidad del arco opositor. Ello implica descartar la posibilidad de cambio de moneda en forma unilateral, cualquiera sea la forma legal que se le quiera imprimir”, agregó.

Además hizo hincapié en que la cláusula de negociación de los Contratos de Abastecimiento (16.1) no es una alternativa viable en tanto excluye expresamente la modificación del precio y su moneda: “Hay proyectos con retrasos que han planteado fuerza mayor a partir de la situación macroeconómica del país desde algún momento de 2018, y por la pandemia, que puede generar el espacio para el acuerdo, pero ello debería producirse en el marco de una nueva norma que establezca las pautas y parámetros para ello”.

En tanto, Siboldi desaconseja fuertemente toda opción unilateral e inconsulta. “Nuestro país depende de capitales extranjeros para desarrollar y explotar sus recursos, así como para construir la infraestructura de evacuación y, todo desconocimiento de derechos adquiridos conspira contra tal objetivo”, señaló.

“Respecto de aquellos proyectos irremediablemente frustrados, deben generarse las condiciones para la liberación de los nodos asociados. Y dada la complejidad de la situación, todo ello debería hacerse a través de un proceso de consulta con el sector a fin de enriquecer el debate y mejorar las soluciones que finalmente se adopten”, añadió.

Con ello se refirió a todos los proyectos, incluyendo aquellos adjudicados al Programa RenovAr y el Mercado a Término que, según comentó Siboldi, “estaban descontando la continuidad de la suspensión de los plazos por efectos de la pandemia, hecho que no llegó y hay información contradictoria acerca de la posición de la Secretaría de Energía. Este proceso debe iniciar con una suspensión de los plazos a raíz de la pandemia, dado que sigue afectando la producción y logística de elementos imprescindibles para la concreción de los proyectos”.

Siboldi también agregó que «estas pautas permitirían respetar derechos adquiridos, generar un clima de negocios que dé lugar a la continuidad del sector de renovables, así como minimizar la conflictividad asociada, que ya presenta un número relevante de proyectos de RenovAR sometidos a arbitraje.”

Y una de las maneras que propone el especialista para apaciguar la situación es mediante la ampliación de “la buena práctica de regular los mercados escuchando al sector que va a invertir en el mismo”. “En el mundo se avanza con procesos de consulta, sobre todo ante situaciones tan complejas como la que nos ocupa. El modelo de consulta pública es muy utilizado en nuestro país; ejemplo en el sector de las telecomunicaciones y fue adoptado en el proceso de diseño del frustrado programa de Participación Público-Privada -PPP.»

«La única forma de hacer una pesificación en el sector es con el acuerdo de la contraparte y es un proceso donde todos dejan algo en la mesa. Es decir, ceden algún derecho y obtienen algún beneficio», explayó.