La economía de Mendoza depende en gran parte de la industria petrolera, que aporta cerca del 20% del PBG. Pero la actividad está en declive y depende casi exclusivamente de una empresa: la estatal YPF. Pluspetrol es la otra empresa relevante. Qué rol juegan las compañías chicas y los planes.

Mendoza tiene un problema productivo por el avejentamiento de su matriz, la falta de infraestructura, la carencia de innovación y el agotamiento de los recursos que estaba acostumbrado a consumir. La industria petrolera es una de las que está en mayor tensión: Mendoza tiene cada vez menos participación y empuje con esa actividad que es fundamental para el producto bruto geográfico; para la riqueza que genera y distribuye. Pero además la provincia depende casi exclusivamente de una sola empresa para impulsar toda la cadena de valor del petróleo: YPF.

La petrolera estatal y Pluspetrol son las únicas empresas de envergadura que tienen inversiones en la provincia, generando así una relación de dependencia enorme. Desde que Mendoza se hizo cargo de la administración de los recursos, con las primeras licitaciones, hubo más manejos privados y ganancias especulativas que desarrollo para la provincia: desde entonces no aparecieron empresas nuevas de relevancia, no se construyó infraestructura que permita generar un polo energético y la producción de petróleo cayó. La cuenca “cuyana” está casi agotada y la parte mendocina de la cuenca neuquina es la esperanza. La “tierra prometida” es Malargüe por sus recursos, pero el departamento vive una crisis aguda. Pata Mora es promocionada como el “futuro” logístico, pero el lugar ni siquiera tiene luz eléctrica todo el día.

En los últimos años aparecieron algunas empresas pequeñas que son irrelevantes en volumen, pero tienen un impacto “regulatorio” de la actividad que ayudan, en parte, a evitar el efecto monopolio para los precios. Algo similar buscan en el gobierno que ocurra con la intervención de la empresa estatal EMESA, que tiene a cargo algunos proyectos vinculándose con petroleras que hacen de operadores. El efecto real sobre la actividad es casi nulo. Pero, explican, permite tener acceso a información y regular “desde adentro” la actividad. “Desde que comenzamos a controlar mejor los precios son distintos. Antes YPF ponía los precios que quería y no había control”, explican desde el Gobierno.

La apuesta para sostener la actividad depende en gran medida de lo que haga YPF. El piloto realizado en Vaca Muerta tendrá un valor testimonial y habrá que esperar los resultados. Pero la recuperación terciaria y la explotación del petróleo pesado son los dos ejes que pueden potenciar la actividad. La otra actividad relacionada es el valor agregado que se genera con la refinería de Luján de Cuyo y que puede tener ventajas competitivas con lo que ocurre en la Patagonia. YPF ampliará la planta para producir gasoil sin azufre, el único combustible que crece en demanda y tendrá más exigencias a futuro. Pero además está en plena pelea para procesar el petróleo producido en los yacimientos no convencionales de Neuquén.

Mendoza está relegada en el panorama petrolero por algunas torpezas propias y una realidad que le escapa: el imán de inversiones y ganancias que genera la explotación no convencional en la formación vaca muerta y que tiene como protagonista casi exclusivo a Neuquén. Producción, valores diferenciados, condiciones privilegiadas para las empresas y un horizonte de mayor certeza ayudan. La provincia, igual, no hizo los deberes: no hay infraestructura básica que permita mejorar las desventajas.

En Mendoza el 62% de la producción de petróleo depende de YPF, empresa que tiene toda la cadena de valor de esa industria en Mendoza; desde la exploración petrolera, hasta la producción y distribución de combustibles. Aunque es una sociedad anónima y cotiza en la bola de Nueva York, es controlada por el Estado nacional, que tiene el 51% de las acciones. Las provincias petroleras tienen una participación testimonial, pues aunque hay directores “federales”, las decisiones se toman según lo que impulsa el Poder Ejecutivo. Internamente la compañía tiene un equipo de gestión profesional, aunque la impronta política es fundamental. Hoy está conducida por el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La empresa atraviesa realidades paradójicas por el “bajo valor” de llave que tiene y el alto impacto en la economía nacional y provincial. Mendoza tiene dos directores que no tienen injerencia real en la política. Uno es Emilio Guiñazú, en representación de la Provincia, y el otro es Celso Jaque, que accedió como premio consuelo por su eterna fidelidad. Mendoza y la empresa firmaron un convenio que fue clave para destrabar viejos conflictos. Por un lado se extendieron concesiones para permitir la exploración de vaca muerta y también hubo un compromiso de rebajar regalías a cambio de inversiones, entre otras cosas. Ese acuerdo está en ejecución y “supervisión”. “YPF es buena, pero mucho más si la controlan”, dicen en un sector del Gobierno. Dentro de la gestión hay posiciones encontradas en cuanto la relación que deben mantener con YPF. Hubo, incluso, quejas internas por las demoras en la toma de decisiones. Los próximos meses son clave pues antes de septiembre se definen los planes de inversión, previo a las elecciones.

Pluspetrol es otra de las empresas más relevantes. Tiene el 25,8% de la participación en la producción de petróleo. Es una empresa privada que no cotiza en bolsa y que tiene su gran capital en la zona del Corcobo, compartida entre Mendoza y La Pampa. La empresa fue fundada en la década del 70 por Héctor Poli y Luis Rey. Hoy es conducida por Héctor Poli hijo y Edith Rodríguez, viuda de Luis Rey y considerada la “mujer más rica de la Argentina”. La empresa tuvo un despegue enorme al construir un ducto en el exterior y luego de hacerse con los activos petroleros de Petroandina. Es la tercera empresa más grande del país y la segunda en Mendoza.

El resto de las empresas petroleras que tienen participación en Mendoza no llega ni al 5% individualmente. Aún a pesar del protagonismo político que tuvieron sus accionistas. Ocurre con la empresa El Trébol, que retrajo inversiones en Mendoza. Esa firma es liderada por José Luis Manzano y abandonó la explotación en la lengua mendocina de Vaca Muerta. Ese holding tiene participación “parasitaria” en otras concesiones, como Chachahuen, a través de las empresas Ketsal y Kilwer. Esas firmas no tienen capacidad operativa, pero sí lograron concesiones. Grecoil, otra firma de bajo potencial, es parte del mismo grupo.

La empresa que más creció es Aconcagua, una firma “junior” que fue gestada por ex “ypefianos” (liderados por Diego Trabucco) que accedieron a concesiones que para empresas grandes eran descartables. La empresa que no figura como productora pero sí “influye” desde lo político es la estatal EMESA, que tiene permisos a su cargo y está asociada con otras petroleras. Así, tiene participación en los yacimientos Vega Grande; Lindero de Piedra y Agua Botada. La empresa es una sociedad estatal con 34 empleados y que tiene en el directorio a Pablo Magistocchi, Cristina Briggs, Marcos Calvente, Gerardo Rabinovich, y Daniel Montamat. Los dos últimos no son mendocinos, pero participan de las decisiones. El directorio no cobra salario, pero sí honorarios. El año pasado se repartieron 5,4 millones de pesos.

La participación mayoritaria de YPF se nota también en otra cadena de la industria, pues tiene más del 40% de las estaciones de servicio de la provincia y distribuye combustibles a otras 14 provincias. En inversión, el volumen comparativo es relevante, pues el 74% de las inversiones del programa Mendoza Activa Hidrocarburos fue por parte de la petrolera estatal. Lo mismo con los proyectos a futuro con el petróleo extra pesado de Llananelo, la recuperación terciaria de Chachahuen y el piloto en la formación Vaca Muerta, en Malargüe.

Inversiones
Desde que se estatizó también hubo vaivenes. Primero, YPF “heredó” los malos negocios realizados por el Estado provincial al concesionar áreas petroleras a empresas fantasma; que no tenían capacidad de operación y terminaron gestionando esos activos como bienes inmobiliarios. Por eso la petrolera estatal también “heredó” socios incómodos. YPF es conducida políticamente por el sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, por el cristinismo puro. Eso pone incómodos también a todos en Cambia Mendoza por la relación de “amor – odio” que deben tener: buscan presionar, pero no demasiado por la necesidad de inversión que tienen. Según datos de esa empresa, entre gastos operativos e inversión, en 2022 YPF dejó en la provincia casi 1300 millones de dólares, más de un “Portezuelo”, generando un volumen relevante para el PBG. El problema para el Ejecutivo. es la dependencia de un sector enfrentado políticamente.

De hecho, gran parte de las inversiones dependen más de decisiones políticas que del resultado de ecuaciones económicas de las que resulte algo conveniente. Ocurrió, por ejemplo, con el proyecto de Vaca Muerta, que es de solo 17 millones de dólares pero tiene un valor político importante. La única prueba realizada en Mendoza de exploración y explotación no convencional fue un fracaso y la Petrolera El Trébol lo abandonó.

En ninguna de las licitaciones que se realizaron desde 2007 hubo participación de alguna de las empresas relevantes de la industria. El gobierno de Rodolfo Suarez tomó una decisión importante para recalcular la gestión de las áreas petroleras. Abrió una consulta a las empresas del sector para aportar miradas en las futuras licitaciones. Es decir, ayudar a construir los pliegos que, hasta ahora, han tenido condiciones diversas y algunas veces distorsivas: en 2008 se adjudicaron más áreas de las permitidas a empresas sin antecedentes y con inversiones que no se cumplieron. Luego se “obligó” a que las petroleras se asociaran a EMESA sin que la empresa estatal aporte capital. Y en la mayoría de los casos el resultado no fue el esperado.

Fuera del proyecto piloto en vaca muerta, el principal interés de YPF está en el petróleo extra pesado, en la recuperación terciaria ejecutada con polímeros en Chachahuen y, en la otra punta de la cadena de valor, la ampliación de la refinería de Luján. Antes, Mendoza deberá evaluar su política de hidrocarburos.

Fuente: MDZOL