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Home›energía›Ley ómnibus y energía: los cambios que se vienen y la nueva privatización que cambiaría el sector

Ley ómnibus y energía: los cambios que se vienen y la nueva privatización que cambiaría el sector

By Mónica Matassa
18 marzo, 2024
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El proyecto libera las exportaciones de dos productos y elimina el barril criollo. Las modificaciones que pueden llegar y el impacto que tendrán.

La nueva ley ómnibus significará grandes cambios para el sector energético. Para los hidrocarburos, implica un cambio fundamental al liberar el comercio exterior, tanto para el petróleo como para el GNL. Además, unifica los entes reguladores (Enre y Enargas) y busca por primera vez privatizar Energía Argentina S.A., la empresa estatal que recibe la mitad de todas las transferencias del Tesoro, debido a que canaliza los subsidios.

Por otro lado, el nuevo proyecto de ley también implica grandes cambios con respecto a la ley ómnibus original. El capítulo IX sigue siendo el de energía, pero elimina tres secciones completas, relacionadas a la transición energética, los biocombustibles y los millonarios fondos fiduciarios.

Liberación del comercio exterior

La nueva ley ómnibus mantiene el espíritu del borrador original, e implica grandes cambios para la regulación histórica que tienen los hidrocarburos.

Así lo describió el consultor energético Juan José Carbajales: “Plantea la desregulación del mercado, libertad de precios, maximización de renta, eliminación del autoabastecimiento y el interés público nacional, limitación de prórrogas de concesiones y fomento a grandes inversiones o RIGI.

El punto fundamental es el que libera las exportaciones de hidrocarburos. El artículo 151 reemplaza el artículo 6 de la histórica ley de hidrocarburos y establece que los concesionarios podrán “comercializar sus derivados libremente”. Esto deberá decir la nueva ley: “Los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, sujeto a la no objeción de la Secretaría de Energía”.

De todos modos, incluye una objeción: “El efectivo ejercicio de este derecho estará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional, la cual entre otros aspectos deberá considerar: (i) los requisitos habituales vinculados al acceso de los recursos técnicamente probados; y (ii) que la eventual objeción de la Secretaría de Energía sólo podrá ser formulada dentro de los treinta (30) días de puesta en su conocimiento las exportaciones a practicar, debiendo estar fundada en motivos técnicos o económicos que hagan a la seguridad del suministro. Transcurrido dicho plazo, la Secretaría de Energía no podrá realizar objeción alguna”.

Además, la nueva ley elimina el barril criollo que se usa para bajar el precio de la nafta. El artículo 151 dice: “El Poder Ejecutivo nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno”.

También, agrega una novedad respecto al proyecto original: prevé autorizaciones de exportación en firme para el GNL durante un plazo de hasta 30 años.

Otro cambio es que establece que la política de hidrocarburos tendrá como uno de sus objetivos el de “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”. La actual ley de hidrocarburos decía que el objetivo principal era el de “satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad”. Así, el Gobierno busca darle velocidad a la explotación de Vaca Muerta, de cara a la transición energética.

Los 3 puntos que quedaron afuera

La nueva ley ómnibus implica grandes cambios respecto a su versión original. Quedó afuera toda la sección de transición energética, que creaba los mercados de carbono para asignarles derechos de emisión a las empresas. De todos modos, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció esta semana en un foro empresario que buscará aplicarlo, así que podría ir en una ley por separado.

Además, quedó afuera toda la sección que modificaba el marco legal de los biocombustibles, y que había generado fuertes discusiones con los 10 gobiernos provinciales donde se encuentran los productores, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, entre otras.

Finalmente, tampoco se incluyó la sección que se llamaba “De los fondos fiduciarios del sector energético”, también muy criticada por los gobernadores, en este caso, de los patagónicos. Esta sección le daba la posibilidad al Poder Ejecutivo de modificar o eliminar los fondos fiduciarios energéticos.

Todas las miradas estaban puestas en el régimen de zonas frías, donde los usuarios por vivir en ciertas ciudades del país reciben hasta el 50% de subsidio en las tarifas de gas. Zonas frías fue muy criticado por el Gobierno en la última audiencia pública, incluso llegaron a decir que se está subsidiando a la mitad del país, inclusive en zonas templadas como Rosario, con el cobro extra de gas que se le realiza a todos los usuarios del país. Con esta redacción, este fondo fiduciario seguirá. Habrá que ver cómo convive con el nuevo esquema de subsidios de la canasta básica energética.

Sobre la eliminación de todas estas secciones, que el Gobierno lamenta no poder incluir, la lectura que hacía un experto del sector energético que prefirió no ser mencionado fue: “El gobierno está focalizando y priorizando. Biocombustibles y mercados de carbono son temas importantes y que traen muy buenas oportunidades productivas, pero acá están apuntando todos sus cañones al régimen de grandes inversiones (RIGI), que permitiría darle el empujón final a muchos proyectos mineros y energéticos que están parados hace años por no darse las condiciones adecuadas. Si se unifica el tipo de cambio y se aprueba el RIGI, eso permitiría generar inversiones por miles de millones de dólares”.

Sobre este punto, Carbajales, experto en el sector energético, consideró: “El dato llamativo es sobre el RIGI. De 870 artículos, la ley ómnibus nueva pasa a 269, pero el RIGI mantiene sus 65 artículos originales, y hasta suma 4 más. Muestra explícita de la relevancia que el Gobierno le da (a pesar de su narrativa libertaria) al régimen de incentivo de promociones de grandes inversiones. Para esto sí hay plata (o margen para no cobrarla)”.

Fuente: Florencia Barragan para el Cronista

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