Un informe privado calcula que los gastos en el sector energético crecerían al 2% del PBI si no se actualiza el precio de los servicios.

No es la primera vez que se habla del trilema energético que padecen todos los gobiernos en la Argentina. Los funcionarios deben decidir cuánto aumentar las tarifas para reducir el gasto en subsidios y darles un precio de referencia a las empresas que invierten en el país. 

Cuando las tarifas se mantienen congeladas por mucho tiempo, el margen de maniobra es cada vez más chico, sobre todo en una economía con una devaluación del peso de más de 25% e inflación arriba de 36%.

Las consultoras PxQ y Economía & Energía, que dirigen Emanuel Álvarez Agis y Nicolás Arceo, respectivamente, exfuncionarios del equipo de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía, publicaron en conjunto un informe que proyecta que los servicios de electricidad y de gas deberían aumentar 40% para que el gasto en subsidios se mantenga constante respecto del PBI en relación a 2020, como quiere el ministro de Economía, Martín Guzmán, según el presupuesto que diseñó.

En cambio, advierte que, si hay una suba de tarifas del 10% –como quieren los entes reguladores dirigidos por funcionarios afines al Instituto Patria–, los subsidios en relación al PBI se elevarían sensiblemente “violando la pauta establecida en la ley de Presupuesto y complicando un acuerdo con el FMI”.

“Este escenario se complica aún más si consideramos un mayor nivel de inflación, de depreciación de la moneda y aun considerando un mayor crecimiento de la economía que el previsto en la ley de Presupuesto 2021. En este escenario macroeconómico alternativo, la relación subsidios sobre PBI se deteriora aún más”, dice el informe.

El último escenario que plantean los autores sería el más factible, si se tiene en cuenta que las proyecciones privadas hablan de una inflación de 48% para este año, superior al 29% que estimó Guzmán, y un rebote de la economía de casi 6,5% del PBI, superior al 5,5% que figura en el presupuesto.

Las tarifas de luz y de gas están compuestas por tres segmentos: producción de gas o generación de energía eléctrica (que representan alrededor del 50% del precio final de las facturas), el transporte a los grandes centros de consumo y la distribución a los hogares. Hay un cuarto componente que representa alrededor del 25% del precio final de la factura, que son la suma de los impuestos nacionales, provinciales y municipales.

En números concretos, según el informe, si las tarifas se mantienen congeladas, el subsidio en relación al PBI aumentaría al 2% del PBI, superior al 1,8% en que finalizaron el año pasado (tomando el resultado fiscal base caja). Si en cambio se da un aumento del 9% en la tarifa final de energía eléctrica y de gas natural, que implica solamente un incremento para las variables de transporte y distribución, las transferencias del Tesoro a ese sector energético aumentarían al 1,9% del PBI. 

Por último, en el escenario en que las tarifas aumentaran 30%, los subsidios terminarían en 1,7% del PBI (aumentarían en relación a los subsidios devengados, que representaron 1,6% del PBI).

El pico máximo de subsidios en el país en los últimos 30 años se dio en 2014, cuando representaron el 2,8% del PBI. En ese entonces, el actual gobernador de Buenos Aires y su equipo lanzó el primer Plan Gas y comenzó a subir las tarifas, lo que permitió una recuperación de la producción local de gas, una caída en las importaciones y una reducción de los subsidios.

Este proceso se aceleró con la llegada de la administración de Mauricio Macri y el mayor incremento de tarifas. Para el año 2019, los subsidios devengados representaban el 1,1% del PBI. Sin embargo, el congelamiento de tarifas, que comenzó con el final del gobierno de Macri y se prolongó con el actual, hizo aumentar de nuevo los subsidios devengados a 1,6% del PBI en 2020.

El informe también detalla para el mismo período el impacto de las tarifas de luz y de gas sobre los salarios. Mientras que durante los años 90 este porcentaje promedió el 4,8%, a partir del congelamiento tarifario que comenzó en 2004, comenzó a caer hasta llegar a representar el 0,5%, en 2013. En los cuatro años de gobierno de Macri, y luego de los sucesivos incrementos de tarifas, el peso del servicio eléctrico en los salarios creció hasta alcanzar en poco tiempo el 6,1% a fines de 2018. Y cayó igual de rápido a 3,7% para fines del año pasado.

“La conformación de una política de precios para el sector energético sustentable en el largo plazo es un requisito ineludible para expandir los niveles de inversión en el sector y, con ello, la producción. En este marco, la definición de la política tarifaria en gas natural y electricidad no se encuentra aislada del desenvolvimiento general del sector energético”, concluye el informe.