Las distribuidoras y transportistas de gas y electricidad señalan que sus costos subieron al ritmo de la inflación, mientras que los ingresos están fijos desde abril

Con la promulgación de la ley que dicta el congelamiento de tarifas de luz y gas por 180 días, las empresas energéticas advierten que la medida derivará en menos inversiones en el sector. Su justificación se debe a que la última actualización de sus ingresos fue en marzo y abril pasados y que sus gastos, mientras tanto, subieron desde entonces al ritmo de la inflación.

Las tarifas de gas aumentaron por última vez 29% en abril pasado. El gobierno anterior había dado la posibilidad de diferir un 22% del pago total de las boletas de invierno para los meses de verano, cuando el consumo de gas disminuye. Este monto diferido ya comenzó a verse en las tarifas de diciembre.

En octubre, el servicio de distribución -que operan las empresas Metrogas, Naturgy y Camuzzi, por ejemplo- y el de transporte -donde están TGN y TGS- deberían haberse actualizado por la inflación pasada de los seis meses previos, como dicta la revisión tarifaria integral (RTI), que establece dos actualizaciones al año. Pero el gobierno de Mauricio Macri lo congeló hasta febrero.

“Solo la variación semestral del la inflación mayorista (IPIM) entre abril (último cuadro aprobado) y el 1º de octubre es de 30%. Eso es lo que nos deberían haber dado de actualización si se hacían las audiencias públicas. Ahora, adicional a ese 30%, habría que sumarle los meses de inflación desde octubre hasta el fin del congelamiento”, dijeron en off en una empresa de distribución.

“Dado que se tornó necesario llevar a cabo acciones que permitan mitigar el impacto de la reducción de los ingresos, a lo largo del año fuimos haciendo adecuaciones al plan de inversión obligatorio. Del compromiso original, hemos efectuado una reducción este año de 44%. Desde mediados de año suspendimos el inicio de nuevas obras y las inversiones están asociadas a operación y mantenimiento. Para 2020 (y sin prever los 180 días de congelamiento) ya teníamos trazado un recorte adicional de 35%, siguiendo la misma lógica. Con este panorama nuevo, ya no hay mucho para seguir recortando”, agregaron.

En otra distribuidora también señalaron que tras escuchar la campaña electoral de Alberto Fernández, que hablaba de congelar tarifas, recortaron el presupuesto previsto para el año próximo. “Seguiremos haciendo inversiones operativas, que tienen que ver con la seguridad y la calidad del servicio, pero vamos a frenar las de ampliación de red y de apertura de agencias comerciales. El 90% de los ingresos de caja son por la recaudación de tarifas, y eso tiene un límite. Además, tenemos vencimientos en pesos y en dólares que vamos a tener que enfrentar el año que viene”, comentaron.

Las productoras -YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, por ejemplo- también se vieron afectadas por el congelamiento de tarifas, ya que no se les actualizó el tipo de cambio que reciben por la venta de gas, establecido en marzo pasado en $41. En octubre, este valor debería haber subido a 56 pesos.

Sector eléctrico

En electricidad, la situación es distinta porque el Estado actúa de intermediario entre los productores de electricidad -Central Puerto, Enel, AES, entre otras- y las distribuidoras -Edenor y Edesur, por ejemplo-. Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía, compra la electricidad a las generadoras y la vende a las distribuidoras. En promedio, los usuarios pagan un 60% de la tarifa final, mientras que el 40% restante es financiado por la Secretaría de Energía a través de subsidios.

Las empresas de distribución señalan que, mientras sus ingresos están congelados desde marzo, sus costos -que son principalmente el pago de salarios y el mantenimiento del servicio- aumentaron al ritmo de la inflación. “Vamos a resistir con la caja mientras se pueda y después daremos prioridad a lo que se paga. La caja es limitada y estamos con una inflación del 55%. Empezar a cortar inversiones y dejar de pagar a Cammesa podría ser una opción”, advirtieron en una distribuidora.

Si las distribuidoras reducen sus pagos a Cammesa, puede suceder que la compañía no le pague la totalidad del costo de la electricidad a las generadoras, lo que provocaría desinversión de esas empresas.

La otra opción, y más probable, es que Estado aporte la diferencia con subsidios, lo que haría subir el gasto fiscal. Esto es lo que sucede con algunas provincias, que le deben dinero a Cammesa por no permitir que sus empresas distribuidoras aumenten las tarifas.

Fuente: La Nación.