En 2023 finalizan los contratos de concesión de buena parte de las represas del Comahue y vuelven a manos del Estado. Una chance para definir políticas públicas.

El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi acaba de publicar una Plataforma de Política Energética concebida para ser aplicada en los próximos 30 años en el marco de un proceso de Transición Energética complejo y múltiple.

Esta “Plataforma” se integra por un conjunto de 60 medidas concretas destinadas a cambiar el “status quo” inviable en que se encuentra hoy el sector energético y llevarlo a un objetivo final “mediato, deseable y sostenible”.

Se trata de encarar una reforma profunda que incluirá múltiples planos:
1) una nueva estrategia energética plasmada en un “Plan de largo plazo”
2) una nueva matriz energética con mayor aporte de “energías limpias” en sentido amplio
3) un sector petrolero que incremente su producción y al mismo tiempo su productividad y que exporte excedentes sin ningún tipo de subsidios a la oferta
4) un mejor Estado cuando toma decisiones públicas; y
5) una mejor moral del funcionariado.

El objetivo de la propuesta es simple y perfectamente comprensible. Se define como “producir y comercializar una energía de precio competitivo y accesible para nuestro pueblo, para nuestra industria, para nuestro agro”. Será además una energía compatible con el cuidado del medio ambiente.

El objetivo se encuadra en lo que postula el Preámbulo de la Constitución Nacional, cuando afirma simplemente “promover el bienestar general”.
Llevar a buen puerto estas ideas implica un desafío a la política argentina. Los partidos políticos con representación parlamentaria deberán debatir, sintetizar ideas; acordar y plasmar “acuerdos de largo plazo” en leyes y planes.

Hoy en Argentina esto parece un hecho imposible, pero no hay alternativa. Es esto, o continuar el camino actual con que el sector se encamina a su propia autodestrucción; hoy disimulada por los subsidios de un Estado temeroso y en quiebra.

Dentro de este contexto me interesa plantear una de las medidas más importante de este plan que hemos propuesto. Una medida que tendrá un gran impacto político en esta región Comahue -que integran Río Negro y Neuquén- y que desde siempre estuvo vinculada a lo mejor de nuestra exitosa historia energética. Tradición que se remonta a los descubrimientos de la Cuenca Neuquina en Plaza Huincul en 1919; a las obras de Agua y Energía en los ríos Neuquén y Limay; al Descubrimiento de YPF de Loma de la Lata; y a los gasoductos de Gas del Estado construidos en tiempos récord.

Pero muy especialmente a la extraordinaria labor de Hidronor SA al haber realizado el mayor conjunto de obras hidroeléctricas de gran porte y sus sistemas de transmisión asociados de la historia.

En efecto, en el año 2023 finalizan las concesiones de las centrales hidroeléctricas otorgadas durante el gobierno del presidente Carlos Menem.
Está previsto que las mismas reviertan al concedente – el Estado nacional- al finalizar los plazos contractuales. Esto implica que las centrales: El Chocón; Planicie Banderita; Alicurá y Piedra del Águila deben revertir al concedente.

Como es sabido estas centrales que entraron en servicio entre 1973 –Chocón- y 1992 –Piedra del Águila están ya amortizadas.
Esto quiere decir que los créditos con los cuales fueron construidas – otorgados por el BID, el Banco Mundial; y otros bancos internacionales – han sido cancelados.

El resto del financiamiento provino del aporte de todos los consumidores argentinos a través de los “Fondos Energéticos El Chocón Cerros Colorados” y el “Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas” creados por el Art 2° de ley 17554 sancionada en 1967; y también de aportes y avales del Tesoro Nacional

Estas obras tienen todavía una larga vida útil por delante y su condición de amortizadas las convierte en centrales de bajísimo costo de explotación, sobre todo, al compararlas con centrales térmicas.

Los costos de las mismas son solo los que se derivan de una correcta operación y mantenimiento y del costo de aquellas partes electromecánicas que hayan cumplido su vida útil y deban ser reemplazadas.

Lo anterior es absolutamente relevante, ya que el costo reducido puede servir para múltiples fines energéticos y sociales si es correctamente gestionado.

Puede apuntalar los fondos para subsidiar a los consumos energéticos que deban ser subsidiados; puede generar tarifas promocionales para la industria; y también para promover el desarrollo de la fuentes energéticas alternativas.

Esto deberá definirse en políticas acordadas que proponemos.
Las centrales hidroeléctricas construidas por el Estado y ya amortizadas no deberían ser objeto de negocios comerciales rematados al mejor postor, criterio que se utilizó al concesionar las centrales en 1993.

La condición entonces es revertir las concesiones en 2023 y articular una nueva política. Es ahora o nunca y el 2023 está más cerca de lo que parece: ¡hay que empezar ya!

(*) El autor es el presidente del Instituto de Energía General Mosconi. Fue secretario de Energía de la Nación entre 1986 y 1988 en el gobierno de Raúl Alfonsín.

Fuente: Río Negro.