La captura del 51% de las acciones de YPF por parte del Estado fue la vía que eligió Cristina Kirchner para corregir la política de su esposo y antecesor; esta consistió en controlar a la petrolera a través de empresarios de su círculo más íntimo.

El controvertido fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al Estado nacional pagar la indemnización que reclama la familia Eskenazi y el fondo Burford por la estatización de YPF con acciones de la compañía, actualizó la importancia de dos problemas. Uno recorre buena parte de la historia contemporánea argentina: es la relación entre, para evocar a Arturo Frondizi, petróleo y política.

El otro es mucho más reciente. Se refiere al proyecto de poder de Néstor Kirchner, que incluyó la apropiación de empresas a través de amigos o testaferros. La apropiación del 25% de YPF que, sin poner una moneda, llevaron adelante los Eskenazi, fue sólo una jugada, acaso la más audaz, de ese sueño megalómano. Estos dos planos se cruzan en el escándalo que, con su decisión, reavivó la jueza Preska.

En su magnífica Historia del petróleo en la Argentina, Nicolás Gadano explica el lugar privilegiado que ocupan los hidrocarburos en las fantasías del nacionalismo populista. Es el corazón de un prejuicio muy arraigado para esa mentalidad: la idea de que la riqueza de una nación radica en sus recursos naturales.

Un mito que no puede explicar ni la pobreza de Liberia ni la prosperidad de Suiza, por mencionar sólo dos ejemplos. Este fetichismo petrolero está detrás de la estatización de YPF dispuesta por Cristina Kirchner y ejecutada por su flamante adversario interno, Axel Kicillof.

La captura del 51% de las acciones de la empresa por parte del Estado fue la vía que eligió la señora de Kirchner para corregir la política de su esposo y antecesor. Esta consistió en controlar a la petrolera a través de empresarios de su círculo más íntimo.

El significado de la selección de los Eskenazi se entiende con la lectura de dos expedientes judiciales. Uno es el de la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio, que Norberto Oyarbide cerró con un sobreseimiento, gracias a que el fiscal Eduardo Taiano no atinó a apelar. Allí se intentaban justificar los cuantiosos bienes de Cristina y Néstor Kirchner con las exorbitantes remuneraciones que, al parecer, les ofrecía el Banco de Santa Cruz, perteneciente a los Eskenazi.

El otro caso es el conocido como “Cuadernos de las Coimas”. Allí constan las declaraciones del contador Víctor Manzanares consignando que desde Río Gallegos se transportaban montañas de dinero en efectivo que llegaban a Buenos Aires y se atesoraban en bóvedas cuya llave sólo poseían Daniel Muñoz, el multimillonario secretario privado del expresidente Kirchner, y Sebastián Eskenazi.

El ingreso a YPF de esos empresarios sin antecedente alguno en el negocio energético no sólo fue bochornoso por su relación con los Kirchner.

La martingala con la que remuneraron a la española Repsol por el 25% de su subsidiaria YPF merece pasar a la historia de la psicodelia financiera: Repsol cobraría con los dividendos que la empresa asignaría a sus nuevos socios. El método plantea una enorme incógnita: por qué nadie en España levantó la voz en defensa de Repsol, y contra Antoni Brufau, presidente de la compañía que aceptó ese procedimiento.

En 2007, Elisa Carrió pidió que se examine esta operación en el juzgado de Ariel Lijo. En 2006 ella ya había promovido una investigación sobre comportamientos de Repsol en YPF. En 2012, el fiscal Carlos Stornelli, inspirado por una queja que Federico Pinedo publicó en la sección Carta de Lectores de LA NACION, formuló otra denuncia, que quedó absorbida en el expediente iniciado por Carrió.

La causa es la número 3518/06. Lijo la durmió desde el primer minuto. Si hubiera estudiado lo ocurrido entre Kirchner, los Eskenazi e YPF, tal vez Preska no habría tomado las decisiones que tomó en contra del Tesoro nacional.

Para realizar su negocio los Eskenazi establecieron en España la sociedad Petersen Energía. Las acciones de YPF en poder de esa firma no fueron estatizadas en 2012 junto con las de Repsol.

Los motivos por los cuales Cristina Kirchner tomó esa decisión son misteriosos. Una versión muy insistente en el ambiente petrolero afirma que fue para vengarse de los Eskenazi. Ellos se habrían quedado con un patrimonio que correspondía a Néstor Kirchner, aprovechando su fallecimiento, en octubre de 2010.

Brufau, horas antes de dejar el país en medio de la estatización de YPF, repetía: “Yo puedo entender que haya una deuda de varios millones de dólares de la familia Eskenazi con la familia Kirchner, ¿pero por eso se van a cargar una compañía?”. El catalán, en muy probable, hablaba de oídas. Pero tenía donde oír.

Siempre se atribuyó a Elías Jassán, exministro de Justicia de Carlos Menem, haber abierto los ojos de Máximo Kirchner sobre ese perjuicio. Jassán había sido abogado de los Eskenazi pero terminó enfrentado con ellos. Habladurías.

En el sector energético hay muy importantes empresarios que están seguros de que las investigaciones de Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner, que lo llevaron a citarla para 8 declaraciones indagatorias en un solo día, fueron “estimuladas” por Sebastián Eskenazi. Es lo que vuelve más significativa la foto del juez y el empresario almorzando en lo que fue La Pecora Nera, un excelente restaurante de Recoleta. Una larga cadena de venganzas.

Los Eskenazi, a través de Petersen Energía, quedaron con un derecho a reclamar porque la estatización se llevó por delante las prescripciones del estatuto de la empresa. Los funcionarios kirchneristas, encabezados por Kicillof, alegan que ese estatuto no puede ser superior a una ley sancionada por el Congreso.

Burford sostiene que es un argumento frágil porque YPF tomó fondos en los Estados Unidos, bajo la jurisdicción de la Securities and Exchange Commission, garantizando a los inversores que estaban a salvo de una embestida como la que realizó la señora de Kirchner. Repsol recurrió al mismo juzgado en su momento, pero al final aceptó una indemnización que se pagó con una emisión de bonos.

Petersen, de los Eskenazi, vendió al fondo Burford, por 15 millones de euros, el 70% de ese derecho a litigar. En los papeles, sin embargo, la titular de ese derecho sigue siendo Petersen, como salta a la vista en la documentación que se acumula en el juzgado de Preska. Los expertos interpretan que eso se debe a que el derecho español prohíbe transferir la titularidad de un crédito para que quien la recibe inicie un pleito especulativo.

Además, esa legislación obliga también a que el beneficiario del crédito, antes de venderlo a un tercero, ofrezca el mismo acuerdo a quien va a ser ejecutado. Es decir: los Eskenazi/Petersen deberían haber ofrecido al Estado argentino su pretensión a ser resarcidos por los mismos 15 millones de euros que recibió de Burford. Hoy no estarían frotándose las manos por varios miles de millones.

Durante la gestión de Mauricio Macri el Estado se presentó en los tribunales madrileños, a través del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, para denunciar que en el pase de los derechos de los Eskenazi a Burford había un fraude.

YPF, bajo la presidencia de Miguel Gutiérrez, compró una acreencia de la Bolsa de Comercio sobre esa familia, para presentarse como querellante en el concurso de Petersen Energía y conocer el pleito desde adentro. Cuando el kirchnerismo regresó al poder y reemplazó a Macri esas acciones se paralizaron.

Esa desidia no debe sorprender. En 2019 se hizo cargo de la Presidencia un abogado que, ocho años antes, había sido contratado por los Eskenazi en YPF por 25.000 pesos mensuales: Alberto Fernández.

Mucho antes, cuando todavía era jefe de Gabinete de ambos Kirchner, Fernández mantenía un trato privilegiado con esos empresarios a través de un oscuro operador de negocios llamado Adrián Kochen, que se acercó más tarde al “Señor del Tabaco”, Pablo Otero. “Todo tiene que ver con todo”, dirían en San José 1111.

Ese mismo año fue designado procurador del Tesoro Carlos Zannini, que fue el responsable jurídico de la estatización, impugnada en lo de Preska. Además de haber sido, durante los cuatro años de Macri, director del Banco de Santa Cruz de la familia Eskenazi. Lo había designado Alicia Kirchner en representación de esa provincia.

Gracias a la desidia, que parece deliberada, de Zannini, bajo el paraguas de Alberto Fernández, la Argentina quedó expuesta a tener que indemnizar a Burford/Eskenazi por 16.000 millones de dólares. Es el monto que reconoció Preska. Los Eskenazi se quedarían con 30% de esa suma. Es decir: entraron a YPF sin poner una moneda pero se llevarían, en teoría, alrededor de 5000 millones de euros por haber sido expulsados de la empresa. Cuánto que aprender.

Como ese desenlace sería muy escandaloso, voceros de la familia aclaran que ella no recibiría monto alguno, ya que esa suma iría a pagar deudas de Petersen, que está concursada en España.

El argumento es gracioso, porque esas deudas fueron contraídas por los Eskenazi. Una segunda discusión es cuál es el volumen de esas deudas. Alrededor de este punto existe una controversia.

Algunos abogados creen que se trata de unos 4000 millones de euros, que en su mayor parte irían a bancos que prestaron dinero a los Eskenazi con créditos garantizados con los dividendos derivados de sus acciones en YPF. Como no se siguieron distribuyendo esos dividendos, Petersen se presentó en concurso.

Otros consideran que el pasivo de Petersen sería mucho más pequeño, por lo cual la familia retendría una fortuna. Ante este panorama aparece un interrogante razonable: dado su comportamiento en este contubernio, ¿qué tamaño debería tener el pago a los Eskenazi para que no sea intolerable?

En este contexto Preska firma su fallo, levantando una ola de objeciones jurídicas. El centro del problema es que la jueza carece de facultades para ordenar al Estado argentino que disponga de un activo, el 51% de las acciones de YPF, para indemnizar a Eskenazi/Burford.

Con el agravante de que existe una ley que prohíbe enajenar esas acciones si no lo autoriza el Congreso con dos tercios de los votos de ambas cámaras. Saravia Frías sugirió, entre varias propuestas, que el Estado recurra a la Corte Suprema, mediante un recurso de per saltum, en busca de protección jurídica para no cumplir el fallo de Preska.

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Fuente: La Nación.