El presidente Alberto Fernández viajó a Tucumán. Se espera que prorrogue la vigencia de la Ley de Biocombustibles, a pesar de la férrea oposición de las petroleras.

En la visita de este martes el presidente Alberto Fernández a Tucumán pone de relieve la guerra silenciosa entre las petroleras y los productores de biocombustibles. Tucumán se ha convertido en el epicentro de la protesta de las empresas que producen etanol en base a caña de azúcar, acompañadas por el poder político. La semana pasada, la Legislatura local realizó una sesión especial en la que puso de relieve las demandas del sector.

La visita de Fernández provoca expectativas ya que se espera que dé respuesta al reclamo central: que el gobierno prorrogue al menos por dos años más la vigencia de la Ley de Biocombustibles, cuyo vencimiento está previsto para mayo próximo.

Con esa ley floreció el negocio de los biocombustibles (etanol en base a maíz y biodiesel en base a soja, además del etanol de caña), sustentato en exenciones impositivas y –lo más importante– el corte de los combustibles, es decir, el agregado de estos productos a la nafta y el gasoil. Ese corte se fue ampliando con el paso del tiempo y en la actualidad es del 12% para las naftas y del 6,5% para el gasoil.

Pelea de extremos

El último aumento en los precios de las naftas y el gasoil, aplicado el lunes pasado, puso de relieve la tensa relación entre las petroleras y los fabricantes de biocombustibles. Se trata de un conflicto que se ha ido complicando con el paso del tiempo y que tiene por estos días a los productores de biocombustibles en pie de guerra. Además, la pelea adquiere un color político intenso, ya que mientras en la Patagonia los partidos políticos tradicionales –oficialistas y opositores– respaldan a las petroleras, en el Norte, esos mismos partidos respaldan a los fabricantes de biocombustibles. En términos del bolsillo del consumidor, ni una posición ni la otra le representan un beneficio real, toda vez que los precios de los combustibles están por las nubes y ninguna de las partes los cuestionan.

El conflicto tiene que ver con la apropiación de la renta que dejan los consumidores en los surtidores. Hasta hace 15 años, caía en su totalidad en los bolsillos del mundo petrolero –productores y refinerías, que le dejaban un pequeño margen a las estaciones de servicio. Luego, de manera progresiva, debieron comenzar a compartir una parte al cambiar la composición de las naftas y del gasoil que consumen los argentinos y argentinas, con el agregado de los biocombustibles. En la actualidad, el 12% de cada litro de nafta en realidad es etanol, y el 6,5% del gasoil es biodiesel.

Tanto los productores de biocombustibles como los petroleros tienen objetivos que, desde ya, están enfrentados. Los primeros pujan por una mayor presencia de sus productos en los combustibles y de máxima, piden que sea del 27%, como en Brasil. Las segundas presionan para que esa presencia se reduzca al 3% con tendencia final en cero.

En términos de plata, los productores de biocombustibles le vendieron a las refinerías 2,9 millones de toneladas de productos entre enero y noviembre de 2019. Ese nivel cayó un 33,5% el año pasado, a 1,9 millones de toneladas para el mismo período, según datos del Instituto Argentino de Energía Mosconi. Esta caída muy superior a la de la venta de combustibles, que fue del 17,7% en todo 2020.

La pérdida de producción fue pareja en los dos biocombustibles. En el caso de la producción de bioetanol en base a maíz y caña de azúcar, la caída fue de un 24,5% en la comparación de 2020 versus 2019; en la de biodiesel, alcanzó al 24,5%.

Si la venta de naftas se recuperara a los niveles prepandemia, las petroleras deberían pagarles a los productores de biocombustibles unos $ 250.000 millones anuales por el bioetanol y el biodiesel para hacer las mezclas que luego les venden a los automovilistas. Ese dinero es el que está en discusión.

Fuente: Tiempo Argentino.