La cifra corresponde a las transacciones de noviembre, que vencieron a principios de enero. El rojo con los privados suma 41.221 millones y el resto es deuda con la estatal IEASA por la importación de combustibles.

La deuda del Estado Nacional con los agentes privados por la generación de energía correspondiente a noviembre asciende a 41.221 millones de pesos. CAMMESA tenía hasta el 10 de enero para cancelar esa cuenta porque el plazo de pago habitual son unos 45 días, pero debido a la falta recursos del Tesoro la boleta quedó sin saldar. A esa cifra se le suman otros 30.400 millones de pesos que se le debe a la estatal IEASA por la importación de combustibles. Por lo tanto, la deuda total trepa a 71.600 millones y en los primeros días de febrero vence la factura de diciembre. A su vez, se espera que el rojo siga creciendo por el congelamiento tarifario.

Los 41.221 millones que se les debe a los agentes privados por las transacciones económicas de noviembre se distribuyen del siguiente modo:

• 31.800 millones es deuda con los generadores eléctricos
• 2357 millones es deuda con proveedores de gas
• 1934 millones es deuda con transportistas de electricidad
• 3400 millones es deuda con fondos de garantía, fundamentalmente el Foder, destinado a financiar energías renovables
• 1504 millones son servicios de deuda del Foninvemem, correspondientes al repago de los pasivos contraídos para la construcción de las centrales Ensenada Barragán, Timbúes y Manuel Belgrano.

Negociación con los privados

El tema de la deuda surgió en alguna de las reuniones que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantuvo con los generadores. Desde el sector privado se mostraron dispuestos a recibir algún pagaré por esa deuda a cambio de que el gobierno desista de su idea de ajustar la resolución 1/2019, correspondiente al dinero que le paga a las empresas por la electricidad que generan con máquinas viejas, en su mayoría ya amortizadas, que no cuentan con un contrato con Cammesa. Algunas generadoras prefieren esa alternativa porque de los dos modos verían ajustada su caja, pero la primera opción no les impactaría en el balance y les permitiría seguir financiando sus inversiones con crédito bancario.

Del lado oficial no están convencidos sobre esa alternativa porque modificar la resolución 1/2019 implica una ajuste en los gastos que realiza el Estado Nacional, mientras que la otra opción evita que se tenga que realizar la erogación ahora, pero es deuda que emite el Poder Ejecutivo y que en algún momento habrá que pagar. A su vez, no todas las generadoras adhieren a que les entreguen esos pagarés sin fecha de vencimiento porque no están tan expuestas al potencial ajuste de la resolución 1/2019 y, en cambio, temen que si les otorgan papeles por la nueva deuda eso termine en un nuevo Foninvemen, un fideicomiso que se conformó en 2005 con acreencias de los generadores privados, aportes del Tesoro y financiamiento de la Anses para destinarlo a la construcción de centrales eléctricas.

Fuente: Econojournal.