La presentación que el interventor del Enargas, Federico Bernal, contra el exministro de Energía complica al proyecto de estímulo. Las dudas recaen sobre la forma en la que se determina el precio del gas y del incentivo. Nación planeaba lanzarlo en pocos días.

La denuncia penal que impulsó el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, contra el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren; su ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Pourteau; y todo el directorio anterior del ente, encabezado por Mauricio Roitman, dejó envuelto en un manto de dudas el trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo y de YPF para lanzar en agosto un nuevo Plan Gas, que estimulará la producción con subsidios.

El gobierno se aprestaba en estos días a apurar un programa de incentivos a la producción de gas con fondos del Estado para evitar que se disparen las importaciones de gas licuado y combustibles líquidos en el invierno de 2021. Para eso, liberó los pagos atrasados desde diciembre por $ 18.500 millones en concepto de la Resolución 46/2017 y también iba a abonar seis cuotas por $ 3400 millones de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) que el Estado asumió tras la devaluación de mediados de 2018, para no trasladarle el costo al usuario.

Pero, como publicó el portal EconoJournal esta semana, el secretario de Energía, Sergio Lanziani, frenó los pagos de las DDA, ya que ahora se puso en tela de juicio la legalidad de los precios en dólares pactados en noviembre de 2017 por las antiguas autoridades.

La intervención de la Justicia obligará cuanto menos a reconfigurar el Plan Gas 4 y que los precios del fluido se obtengan en subastas competitivas entre las productoras y las distribuidoras para recién después añadir un subsidio por sobre lo que arroje el mercado.

Bernal apunta que con el arreglo de precios en dólares sin la vigencia de una ley de emergencia económica a partir de 2018 se constituyeron los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública por parte de los denunciados, que no hicieron valer la Ley 24.076, que regula el transporte y la distribución de gas.

Las tres versiones anteriores del Plan Gas funcionaron en el medio de la extendida emergencia económica que valió en el país entre 2002 y 2017.

Los ejecutivos de tres oferentes de gas en el mercado, que prefirieron hablar con Energía On bajo reserva de nombre, creen que la denuncia interfiere con la búsqueda oficial de lanzar pronto el programa de estímulos. En cambio, desde el Gobierno bajaron el tono a esas preocupaciones.

“Habiendo caducado la ley de emergencia económica, los precios del gas debieron surgir de la libre competencia de la oferta y la demanda. Los funcionarios violaron el marco regulatorio”, describió Bernal en diálogo con este medio.

“Fijar un nuevo precio como el de US$ 3,50 por millón de BTU como pareciera ser que plantearía el Plan Gas 4 no es delito, por más de que no haya ley de emergencia vigente. Sería un subsidio a la producción pero sin entrometerse en los precios de la demanda prioritaria. Las Bases y Condiciones de noviembre de 2017 eran precios en dólares por dos años en escala ascendente, que obligaban a las distribuidoras a usar esa referencia para comprar el gas a las petroleras”, continuó el interventor del Enargas.

Bernal ponderó que “el Plan Gas de 2012 fue clave en la recuperación de la producción; vale recordar que 2015 terminó cerrando con un crecimiento del 3,4% anual”.

Y también dijo que recibió de la Asociación de Distribuidoras de Gas (ADIGAS) una propuesta “muy interesante” para esquematizar las subastas de mediano plazo, que se la compartió a Lanziani, al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, y al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Como contó meses atrás este diario, las licitaciones serían en modalidad firme y con demanda agregada.

El presidente de una petrolera, en estricto off the record, analizó: “Bernal había intentado meterse con la producción de gas proponiendo un esquema de licitación a mediano plazo para el gas de distribuidoras. La propuesta del Plan Gas 4 lo dejó afuera del juego. Su denuncia a Aranguren por el precio del gas puede interferir con la propuesta de Carbajales e YPF. Ya nos generó un problema con la decisión de Lanziani de suspender los pagos de las DDA por el Decreto 1053/2018”.

A su vez, el gerente de comercialización de otra productora afirmó que se tendrá que redefinir el Plan Gas 4. “Se sabía que estaba dado el precio y ahora ya no se puede hacer, porque sería hacer lo mismo: que el secretario de Energía definan precios sin que jueguen libremente la oferta y la demanda”, contestó ante el requerimiento de este medio.

Fuentes oficiales, por su lado, matizaron: “La denuncia no frena nada, a lo sumo iremos a una subasta”.

Fuente: Río Negro.