La gestión de Mauricio Macri había adjudicado 18 áreas a 13 petroleras en mayo de 2019, pero hasta ahora solo se convocó a una de las audiencias públicas para analizar el impacto ambiental. De continuar la demora las empresas podrían verse liberadas de invertir dicho dinero.

Todo el mundo en la industria afirma que fue una de las iniciativas más positivas de la gestión anterior. La misma logró captar el interés de empresas líderes del segmento a nivel internacional y en términos geopolíticos, comprometió cuantiosos desembolsos con la intención de generar valor sobre la plataforma continental, fundamentalmente en cuencas cercanas a las islas Malvinas.

En total, 13 petroleras comprometieron una inversión de 724 millones de dólares tales como ExxonMobil, Total, Shell, British Petroleum, Wintershall, Equinor, Qatar Petroleum, Mitsui, ENI, Tullow, Pluspetrol, Tecpetrol y la propia YPF. No obstante, la llegada de esos capitales y la realización de los proyectos offshore ahora están en duda porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó solo a una de las audiencias públicas previstas y no aprobó ninguno de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que se requieren para iniciar las campañas de prospección sísmica, pese a que ya pasaron más de dos años desde la adjudicación.

De continuar así, las empresas podrían verse imposibilitadas de desembolsar esos fondos. Por lo pronto, la demora de la cartera que encabeza Juan Cabandié ya ocasionó serios inconvenientes en la agenda operativa de las empresas en la contratación de servicios de prospección sísmica.

La legislación argentina establece que todo titular de un permiso de reconocimiento superficial, permiso de exploración y/o concesión de explotación de hidrocarburos, o proponente de un proyecto offshore debe cumplir, previo a su ejecución, con el procedimiento de EIA y debe obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La secretaría de Energía y la entonces Secretaría de Medio Ambiente, tienen la Resolución Conjunta 3/2019 del 26 de noviembre de 2019 que aprobó los nuevos procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el ámbito territorial offshore ubicado a partir de las 12 millas marinas.

La misma establece que la Secretaría de Energía y la Secretaría Ambiente son autoridades de aplicación de la Resolución Conjunta y ambas participan en el procedimiento de EIA. La Secretaría de Ambiente es la encargada de la elaboración del Informe Técnico de Revisión Final, teniendo en cuenta las consideraciones hechas por la Secretaría de Energía, pero además es la encargada de emitir la DIA y disponer la aprobación de la realización del proyecto o su rechazo.