“Se confirmó efectivamente la imputación de Aranguren y de los otros seis ex funcionarios de los cuales cinco son ex autoridades del ENARGAS de la gestión anterior”, confirmó Bernal.

El interventor explicó que el Ejecutivo podía fijar los precios de las tarifas del gas debido a la emergencia económica, pero esta llegó a su fin el 31 de diciembre de 2017. Desde ese momento, tenía que comenzar a regir la libre negociación de los precios, pero según relató Bernal, Aranguren convocó a las empresas “a firmar un pacto y les dijo que como terminaba la emergencia y entraba a regir el marco regulatorio ‘necesitamos una transición de dos años de precios en dólares'”. “Esto viola la ley de gas y el marco regulatorio”, afirmó Bernal.

“Acá hay dos perjuicios: por un lado la estatización de la deuda que se genera entre productoras y distribuidoras que hizo Mauricio Macri al firmar el DNU 1.053, por un monto de u$s393 millones que se dividen en treinta cuotas y de las cuales solo pagó una; pero también hubo un perjuicio por u$s168 millones para los usuarios, que fue lo que saltó el valor de las tarifas cuando Aranguren firmó el pacto con las empresas”, explicó el interventor.

El propio titular del Enargas fue quien denunció penalmente a Aranguren, exministro de Energía y Minería (MINEM), y a parte de su entonces equipo. Esa denuncia -que recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12- versa sobre la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.

Además de Araguren fueron denunciados Marcos Porteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, Mauricio Roitman, expresidente en ejercicio del Directorio del ENARGAS, y demás integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador; en razón de de las denominadas “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes” concertadas y determinadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

“Ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo, el ENARGAS en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar ese acuerdo (las referidas “Bases y Condiciones”) lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018”, indicó el organismo en un comunicado.

Y agrega: “Así, en octubre de aquel año al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales. Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada”.

Al respecto, Federico Bernal declaró que “Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas. Esta denuncia me corresponde no solo como funcionario público en ejercicio y en razón del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también por las obligaciones que surgen del Decreto 278/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández conforme la Ley 27.541”.

El perjuicio económico calculado por el ENARGAS haciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.

Fuente: ámbito.com