Importaciones indebidas en Vaca Muerta fueron descubiertas por La Aduana, quien ahora exige el pago de $1.000 millones.

Además, exige que DLS Argentina Limited entregue al gobierno las mercancías importadas ilegalmente por la maniobra fraudulenta.
La DGA (Dirección General de Aduanas) descubrió que la empresa DLS Argentina Limited, especializada en la perforación de hidrocarburos, utilizó maniobras ilegales para concretar la importación de insumos industriales destinados a Vaca Muerta. Como resultado, se inició un proceso en el que la empresa debía pagar más de $1,000 millones al gobierno nacional. Según el ente oficial, la empresa intentó eludir derechos de importación por más de $3 millones de dólares.
La DGA descubrió a través de un análisis documental que la herramienta de perforación ingresó al mercado de importación restringida del país en 2014 debido a su condición de usada. Se amparó en el régimen de ingreso temporario para resolver el impedimento, pero en rigor, eso constituyó una nueva infracción, dada su vinculación con la empresa exportadora, de conformidad con el artículo 31 del Decreto 1001/82.
La maquinaria fue exportada por la empresa canadiense ARCHER BCH LTD, la cual es subsidiaria de la empresa argentina ARCHER LIMITED. Como resultado, habría sido necesario documentar oficialmente la exportación de la maquinaria como una importación. En ese contexto, es una violación del artículo 970 del Código Adulatorio.
La maniobra permitió a DLS Argentina evitar el pago de atrasos, lo que permitió a la empresa evadir el pago de USD 3.348.118 en concepto de derechos de importación.
Por este esquema fraudulento, la Aduana denunció a la sucursal argentina y exigió que no solo le devuelvan los atrasos que no habían pagado en 2014, sino que le apliquen una multa mínima de $223.179.643 y que dejen de cotizar a favor de la Gobierno nacional.
La organización denunció a la filial argentina y exigió no solo la cancelación de los atrasos que no fueron pagados en 2014, sino también la aplicación de una multa mínima de $ 223.179.643,39, al tiempo que exigió el abandono del mercado a favor de la Gobierno nacional.