Martín Guzmán, y su subordinado subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, mantienen una disputa ya hace tiempo y es principalmente por el tema subsidios a las compañías distribuidoras. Los primeros tres meses del año, los subsidios costaron  $71.100 millones, un 184,9% más que en el mismo período de 2020 y un 363,5% más que en el de 2019, cuando comenzó el congelamiento de las tarifas según el último reporte de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). También se indica que los subsidios del Estado nacional a empresas públicas y privadas y a fondos fiduciarios alcanzaron entre enero y marzo a $175.092,7 millones, con un incremento interanual del 171,4%.

La renovada disputa de estos importantes actores a nivel energético para el país se basa en el aumento de la tarifa del servicio de energía eléctrica, el peso que volvieron a cobrar los subsidios no solo representa una amenaza al propósito de reducir el déficit fiscal sino también un desequilibrio de precios relativos. Desde hace más de un año que los precios de los bienes aumentan más que los de los servicios y la prolongación en el tiempo del congelamiento de las tarifas es objetada por los analistas del mercado eléctrico por considerar que afecta a las inversiones del sector y, a la larga, a la calidad del servicio.

Los porcentajes de aumento interanual, a pesar de superar las previsiones presupuestarias, muestran una disminución respecto del 501,1% de enero y 350,9% del primer bimestre, debido a que en los primeros meses de 2020 hubo un impasse en el otorgamiento de subsidios. Pero al igual que en los últimos quince años, el detalle de la composición de las transferencias deja en evidencia una mayor participación de las destinadas al sector energético, que por lo general representan las dos terceras partes del total general.

Además de CAMMESA, otros destinos fueron el Plan Gas no Convencional (Vaca Muerta) con $16.494,6 millones, Integración Energética Argentina S.A. (ex ENARSA), con $12.754,6 millones, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP de Sectores de Bajos Recursos y a la Expansión de Redes de Gas Natural ($1.897,3 millones) y Yacimientos Carboníferos Fiscales ($1.587 millones). Los subsidios al Transporte totalizaron $34.767 millones (71,3%), de los cuales $18.356,6 millones se destinaron al Transporte Ferroviario, básicamente a las empresas Operador Ferroviario S.E. ($15.627 millones) y Belgrano Cargas y Logística S.A. ($1.734,3 millones). Al Transporte Automotor se destinaron $15.796,3 millones, principalmente destinados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (colectivos) y al Transporte Aerocomercial $614,1 millones orientados básicamente a la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Las empresas públicas no vinculadas al transporte ni a la energía demandaron transferencias para sus gastos de funcionamiento por $8.436,6 millones (104%), de las cuales $4.759 millones se destinaron a Correo Argentino, $1.510 millones a ACUMAR, $1.394,9 millones a Radio y Televisión Argentina y $347,5 millones a Télam. Las transferencias corrientes realizadas a empresas del Sector Industrial ascendieron a $13.510 millones, en su mayor parte destinadas al FONDEP ($7.383,3 millones), al FoGAr ($5.000 millones), Fabricaciones Militares ($450 millones) y al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor ($445 millones). Por su parte, las erogaciones para el financiamiento de Gastos de Capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y sector privado tuvieron un incremento del 128,8%. Se ejecutaron $12.267,3 millones, en su mayor parte destinados a Integración Energética., Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operador Ferroviario, Casa de Moneda, AySA y ACUMAR, entre otras.

Dentro de los subsidios energéticos sobresalen los otorgados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que a su vez se reparten entre las distribuidoras de electricidad. Los subsidios a CAMMESA aumentan en consonancia con el congelamiento de tarifas, tal como pasó entre 2002, cuando por el fin de la Convertibilidad, y entre 2015. Desde entonces, se dio un proceso inverso, con bajas en los subsidios, pero a costa de un significativo incremento de las tarifas, algo que se interrumpió en el segundo trimestre de 2019, en vistas al inicio de la campaña electoral. En los dos años transcurridos, los subsidios a las distribuidoras eléctricas canalizados a través de CAMMESA registraron un incremento del 363,5%, en un período en el que la inflación fue del 111,6%. Las transferencias a todo el sector energético fueron en el primer trimestre de $105.150 millones, con un incremento del 228,1% respecto del mismo período de 2020.