Se trata de un tema de preocupación en el Gobierno. Desde octubre, el buque emplazado en Escobar que permite la importación de gas natural líquido (GNL) está sin actividad, ya que el Juzgado Federal de Campana ordenó clausurar aquella terminal portuaria, basado en una denuncia de 2011 de “peligro de muerte urbana masiva”.

El buque regasificador de Escobar es el único que quedó luego de que el gobierno anterior despidiera el que estaba en Bahía Blanca. Ahora, en momentos de caída de la producción local y luego de que Bolivia se comprometiera a exportar menos gas, el abastecimiento por Escobar se vuelve aún más estratégico, como admiten en la Secretaría de Energía.

“No se puede no contar con el buque de Escobar. Implicaría tener que cortar el gas a los industriales o tener un sobre costo fiscal porque hay que reemplazar ese suministro con la quema de combustibles líquidos, que son más caros”, dicen en la cartera que dirige Darío Martínez.

Para ello, la Secretaría está preparando la documentación necesaria para pedir que, apenas termine la feria judicial, se presente el Estado como tercero afectado, ya que la demanda es contra YPF, que es quien opera la terminal junto con Ieasa (la ex Enarsa, la compañía estatal de energía).

“Estamos haciendo peritajes para que se levante la cautelar. El buque está emplazado en Escobar hace 10 años y jamás hubo un problema”, enfatizan en el Gobierno.

Por ahora, el buque de Escobar no es imprescindible, porque la demanda de gas es baja en verano, pero en invierno, cuando el consumo residencial se quintuplica, la importación de GNL se vuelve una alternativa económica y práctica, ya que inyecta el suministro directamente en el centro de mayor consumo del país, como es el área metropolitana (AMBA).

Durante el invierno pasado, en los meses de junio, julio y agosto, por Escobar ingresaron en promedio 16,6 millones de metros cúbicos día (m3/d) de gas, con valores máximos de 22 millones. Esto representó alrededor de un 12% del total de gas natural recibido en los sistemas de transporte durante ese período, según explica una misiva que le envió el Enargas a la Secretaría de Energía.

En esa nota del viernes pasado, el interventor del Enargas, Federico Bernal, advirtió sobre la importancia de esta terminal para el abastecimiento del mercado interno y pidió que se adopten todas las medidas de resguardo “en atención a las graves consecuencias de la imposibilidad de inyectar gas natural desde dicha terminal y el consecuente riesgo en tal abastecimiento podría traer aparejado”.

La realidad es que la Argentina no tiene muchas alternativas más para abastecerse de gas. Además de la producción local, las importaciones de Bolivia (que en el invierno próximo caerán por el declino propio de los yacimientos bolivianos) y las de GNL a través de Escobar y Bahía Blanca, la Secretaría de Energía está evaluando comprar gas de Chile, en una negociación que podría incluir mayores exportaciones a ese país en verano.

Las otras medidas que se podrían tomar para cubrir la demanda residencial incluyen cortar el gas al consumo industrial o quemar más combustibles líquidos, que es caro y tiene mayor impacto sobre el medio ambiente.

La necesidad de tener que importar más gas también tendrá un efecto directo en las cuentas fiscales. Los precios de GNL que se comercializan ahora para los meses de invierno varían entre US$7 y US$10 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), mucho mayor a los US$2,87 que se pagaron en el invierno pasado, producto del derrumbe de los valores por la caída del consumo por la pandemia.

Fuente: La Nación.