En los últimos cuatro años, la Argentina logró que las energías renovables pasaran de representar menos de 2% de la generación eléctrica total a significar más del 12% promedio, con picos mensuales de más de 15%, cuando se combinan óptimas condiciones eólicas y solares.

Sin embargo, hay dos factores que le ponen un techo en el corto plazo a su crecimiento: la falta de transporte para trasladar la electricidad de los parques renovables a los centros de consumo y el financiamiento. Estos problemas se ven reflejados en un dato objetivo: 33 proyectos que se licitaron bajo el programa RenovAr pidieron dar de baja los contratos.

Al día de hoy, hay 189 proyectos de energía renovable habilitados comercialmente, que tienen una potencia instalada de 5175 MW. De ese total, en los últimos cuatro años se inauguraron 133 proyectos por 4335 MW, que fueron impulsados por el nuevo marco regulatorio Mater (el mercado mayorista donde operan los grandes usuarios) y el programa Renovar. De los 133 proyectos, 54 son parques eólicos por 3098 MW y 34 son solares fotovoltaicos por 1053 MW; el resto son los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH) de hasta 50 MW y bioenergías

Las energías renovables ya son la tercera fuente de energía en la Argentina (donde hay una potencia instalada de 42.989 MW), luego de la térmica (25.398 MW, 59% del total) y la hidráulica de gran porte (10.834, 25%), que no es considerada “renovable”, según la ley de fomento nacional para el uso de fuentes renovables. En cuarto lugar, quedó representada la energía nuclear, con una potencia instalada de 1755 MW (4%).

Los próximos proyectos renovables que entrarán en operación comercial son cuatro pequeños de biogás, que suman en total 5,68 MW de potencia instalada, y dos parques solares en Mendoza (5,62 MW) y Catamarca (11,82 MW).

La escasez de nuevos parques se debe a que no se licitan por el cuello de botella que significa la falta de transporte eléctrico. Se trata de un problema que comenzó en la gestión anterior de Mauricio Macri, con el crecimiento de la capacidad instalada, y que se quiso solucionar con las licitaciones de participación pública privada (PPP), pero que se frenó con el encarecimiento del financiamiento y el cambio de gobierno. El riesgo país en niveles de más de 1700 implica que cualquier crédito internacional solicitará una tasa de interés en dólares de por lo menos 18%, lo que hace inviable cualquier proyecto de inversión.

Para intentar solucionar este problema, el Gobierno avanzó con un reclamo del sector: que se den de baja los proyectos licitados en los distintos programas de RenovAr que no se iban a desarrollar para liberar espacio comprometido en las líneas de transporte. Esta semana era la última fecha para que cada empresa presente la renuncia a la concesión y 33 proyectos se anotaron. Esto implica que, en total, el Estado debería cobrar por penalidad de rescisión US$9,2 millones. Las empresas tienen tiempo de pagar hasta el 28 de junio. Además, hubo tres proyectos a los que se les aceptó la propuesta de reconducción. Estos son los parques solares Tocota y Añatuya, y el parque eólico Arauco II (etapas 5 y 6).

Con la finalización de esos proyectos, la capacidad liberada será de 424,07 MW. Si bien parece un número importante, la mayoría de los proyectos no superaban los 40 MW de potencia contratada, lo cual no generará un nuevo interés en otras empresas. En el sector había optimismo en que se iban a liberar 1500 MW. Los proyectos de mayor envergadura era el parque eólico Arauco II (etapas 3 y 4), por 95 MW, y el Sosneado de 50 MW, ambos licitados en el programa RenovAr 1.5.

“En la medida en que no se libere capacidad de transporte, estamos frenados de crecimiento”, dijo sin vueltas René Vaca Guzmán, presidente de la Cámara Eólica Argentina (CAE) y miembro del directorio de PCR, una de las principales generadoras de energías renovables, junto con Genneia, Pampa Energía e YPF Luz.

“Si vemos el mapa de la Argentina, en los lugares donde hay calidad excelente de sol o de viento no hay capacidad de transporte disponible. Es un problema que no tiene solución a corto plazo”, dice, por su parte, Gustavo Castagnino, de Genneia. La empresa acaba de anunciar el inicio de construcción de un parque solar en las sierras de Ullum, en San Juan, que tendrá una capacidad instalada de 80 MW, equivalente al abastecimiento de 50.000 hogares. La compañía construyó 18 proyectos renovables en los últimos cuatro años por un total de más de 860 MW.

Los costos de construir un mega de energía solar es de entre US$750.000 y US$800.000, mientras que los parques eólicos son más caros, y cada mega vale US$1 millón. “La obra de instalar un aerogenerador versus un panel solar es infinitamente más cara. Por ejemplo, se necesita poner en la base del aerogenerador la misma cantidad de cemento equivalente a un edificio de 10 pisos. También es más caro transportar palas de entre 80 y 100 metros”, explica Castagnino.

Con relación al financiamiento, ambos analistas coinciden en que se complicó en los últimos años con la suba del riesgo país y la incertidumbre acerca de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que los créditos para estas construcciones los suelen dar los organismos multilaterales, como el BID Invest y el IFC, las patas privadas del BID y del Banco Mundial, respectivamente.

“También están los bancos de desarrollo europeos, por la información que tengo es que están todos en wait and see por el acuerdo con el FMI. Hasta que no se llegue a un acuerdo, no hay financiamiento externo. En el mercado local se puede tomar deuda a través de obligaciones negociables dollar-link, pero el tema son los plazos: el mercado local presta a dos o tres años y para este tipo de inversiones se necesitan más años”, explicó Vaca Guzmán.

Castagnino, por su parte, dice que hay alternativas de financiamiento. “Genneia reunió casi US$500 millones con el bono verde y obligaciones negociables. Varios actores salieron con lo mismo. Con creatividad, en el mercado hay maneras de financiarse”, indicó.

Fuente: La Nación