Combo de aumentos, de hasta un 20%, en las boletas de luz y gas. Segmentación por barrios y valor de la tierra en tres meses. Coordinación hasta que duela.

La pelea entre Martín Guzmán y los referentes energéticos del cristinismo sucedió a fines de abril y todavía está fresca. En ese entonces, el ministro de Economía pujaba por un aumento en las tarifas de electricidad y gas del orden del 30% que permitiera bajar los subsidios y operó el despido del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Pero se impusieron los incrementos de un dígito que promovían Basualdo, y los interventores de Enargas y ENRE, Federico Bernal y Soledad Manín. Esta vez, las acciones están coordinadas: habrá una suba de entre 17% y 20% en las facturas de luz en el AMBA y en las boletas de gas de todo el país. El incremento comenzará a regir entre enero y febrero de 2022. Y se complementará con la segmentación que hará que los habitantes de los lugares más caros de la Ciudad y el Gran Buenos Aires dejen de recibir subsidios durante el primer trimestre.

Fuentes de la Secretaría de Energía le confirmaron a Letra P que la idea del Ejecutivo es aplicar un solo aumento de entre 17% y 20% en las facturas, al cual se le sumará la quita de subsidios en algunos hogares y empresas, producto de la segmentación. Ese incremento se definió sobre el precio final y queda ver cómo se repartirá entre los distintos sectores de cada cadena energética. Por ejemplo, la factura de gas se compone del precio del fluido (que embolsan las que extraen el fluido o es de importación, y cuyo precio no varió en 2021 y se completó con subsidios), el transporte (que no obtuvo actualización tarifaria este año) y la distribución (que recibió un incremento del 26% que implicó, en la factura, una suba efectiva de 6 puntos porcentuales). En la factura de electricidad, el Estado nacional talla sobre precio mayorista, transporte y distribución en el área metropolitana, pero son las provincias las que fijan el valor de la distribución en el resto del país.

Energía indicó que los aumentos comenzarán a regir “entre enero y febrero” de 2022. Deberían ocurrir, primero, las audiencias públicas. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a la audiencia para definir los precios de transporte y distribución de gas para el 19 de enero. El Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) no llamó a audiencias para definir las tarifas de Edenor y Edesur. Fuentes de las distribuidoras de gas indicaron que, en conversaciones informales, el Gobierno les adelantó que se fijaría una pauta general y que, cuanto más porción se llevara el costo de la energía, menos margen quedaría para actualizar los valores de transporte y distribución. Otra empresa sostuvo que, a pedido de las compañías, la suba entraría en vigencia desde el 1° de marzo y no a partir de abril, mientras siguen negociándose las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI).

empresas pedirán en las audiencias una actualización por la inflación acumulada, aunque saben que recibirán menos.

Con esta suba, indicaron las fuentes oficiales, el sistema energético podrá “seguir recuperando la cadena de pagos”, luego del pandémico 2020 y de un 2021 con subas moderadas. Con la falta de actualización tarifaria y las deudas que usuarios acumularon con los proveedores del servicio durante la crisis, las distribuidoras de energía eléctrica acumularon fuertes deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que, dicen en Energía, comenzaron a normalizarse mediante refinanciaciones este año. Del otro lado, el 17/20% de aumento -sensiblemente por debajo de la inflación proyectada- permitiría una recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

En Energía indicaron que el combo de suba más segmentación está “coordinado entre el Ministerio (de Economía), la Secretaría y los Entes Reguladores” y que “impacta positivamente en el costo fiscal”. Según los números que había proyectado Guzmán al presentar el fallido Presupuesto 2022, esperaba una reducción de los subsidios a la energía de 1,2 puntos porcentuales en tamaño del PBI, para que bajen del 2,7% del PBI al 1,5%. El ministro había dicho que gran parte de esa reducción se daría por la caída de la Resolución 46 del exministro de Energía Juan José Aranguren, que transfería recursos a las empresas que extrajeran gas de Vaca Muerta. La segmentación agregaría un recorte de 0,3 puntos porcentuales. Bajar el peso de los subsidios en el gasto es clave para cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque desactivar la bomba podría tener un impacto inflacionario que la segmentación busca acotar

Esa segmentación comenzará a aplicarse en el primer trimestre, según Energía. Se utilizará un criterio patrimonial y no de ingresos. En la Ciudad, se quitarán subsidios a los habitantes de barrios con valuaciones desde los 3700 dólares por metro cuadrado. Según Reporte Inmobiliario, los valores más altos se encuentran en Barrio Norte y Recoleta -sin contar los U$S 5500 de Puerto Madero-, pero allí no pasan los U$S 3300. El esquema tiene puntos de contacto con el que implementó la administración de Cristina Kirchner a partir de 2011, en tiempos de “sintonía fina”, y que no implicaron una fuerte reducción de los subsidios.

En provincia de Buenos Aires, la quita será más compleja, pero incluirá a barrios cerrados y otros segmentos de alto poder adquisitivo. De acuerdo a un reciente informe de Analytica, una quita total de subsidios para el decil más alto de la población le representaría a ese sector un aumento del 220% en sus facturas, pero mantendría acotado el impacto en inflación, porque el 50% de la población recibiría tarifas subsidiadas. El plan oficial suma a la segmentación hogareña recortes en entidades financieras, de juego, ferroviarias (¿impactará en las tarifas de transporte?) y en organismos públicos (¿una transferencia de gasto público desde los subsidios hacia cada entidad que paga la boleta?).

Fuente: Letra P