Argentina, en lo que va del Siglo 21, no exhibe acuerdos entre sus principales espacios políticos que califiquen como “Políticas de Estado”. Esto contrasta con lo ocurrido en el pasado, donde los hubo respecto a ciertos temas en los cuales el país mantuvo políticas y doctrinas compartidas que permitieron obtener logros reconocidos: la educación pública; el fomento a la inmigración; la hidroelectricidad; el petróleo nacional; tuvieron un exitoso desempeño en el Siglo 20; que no hubiera sido posible de no haber existido un hilo conductor de continuidades entre gobiernos de distinto signo político y origen.

En el caso de la Energía existen -como un antecedente valioso- los acuerdos elaborados a partir del año 2010 por el Grupo de ex Secretarios de Energía, cuyas propuestas fueron difundidas por la prensa oral y escrita, y que se plasmaron en un Programa de Gobierno publicado en el libro “Consensos Energéticos 2015” con prólogo de Natalio Botana.

Esos acuerdos fueron la base de la Carta Compromiso firmada en 2014 –un año antes del cambio de gobierno- por los principales líderes políticos que se comprometieron a implementar un conjunto de políticas básicas. Esos acuerdos incluyeron a la UCR; el PS, el GEN; el Frente Renovador y el PRO. La firma de los principales dirigentes de esos espacios dio al acuerdo visibilidad y credibilidad.

Si bien fue una experiencia valiosa, no fue exitosa. Los firmantes no pudieron traducir lo firmado en un Programa de Gobierno; y hoy lo acordado es letra muerta.

Los espacios políticos han retrocedido en los últimos ocho años en la idea del acuerdo político para implementar políticas de fondo; y se profundizó el costado agonal de la política, privilegiando discursos desaforados y simplistas.

Ya sobre el arranque del proceso electoral, no se vislumbran acuerdos entre la oposición y el oficialismo; ni tampoco esos acuerdos se han materializado todavía al interior de los espacios; lo que nos ubica exactamente hoy en el KM 0 de las propuestas de políticas energéticas futuras.

El propósito de este artículo es hacer un aporte de tipo táctico, poniendo el foco en los problemas agudos que el sector energético enfrentará el 10 de diciembre de 2023; y formulando propuestas frente a la alta probabilidad de ocurrencia de esos problemas:

1) Debemos anticipar los cortes de luz en verano. El parque generador posee 43.000 MW instalados pero solo pueden suministrar una demanda máxima de 28.500 MW con aportes de Brasil u Uruguay. Este año se superará dicho valor; y el equipamiento es en gran parte obsoleto y mal mantenido.

Los espacios políticos deben solicitar al Gobierno un estado de situación detallado del estado del parque generador al 30 de agosto de 2023; y asociado a ello, un detalle con el plan de reparaciones de los equipos fuera de servicio; el costo de dicha inversión; y la fecha de finalización de esas urgentes reparaciones.

2) Reducir al mínimo los cortes en el AMBA: el responsable es el Gobierno nacional; los espacios deberían solicitar al ENRE el plan de inversiones de Edesur y Edenor en la red de media y baja tensión; y confirmar si las tarifas reguladas han contemplado la realización de dichas inversiones.

3) Solicitar al ENRE información pública del estado de la Red de Media y Baja Tensión en CABA y GBA e implementar paliativos eficientes. Informar a los vecinos de las áreas de alto riesgo de cortes en la red de distribución; e instalar en dichas zonas equipos generadores transportables para hacer frente a los cortes de suministro previsibles.

4) Solicitar al Gobierno que en función de la información suministrada por el ENRE en el punto 3 se ponga a disposición de los comerciantes de las zonas críticas líneas de crédito para la adquisición o alquiler temporario de equipos de emergencia transportables para hacer frente a los cortes de suministro probable o posible en cada zona.

5) Finalizar a más tardar el 31 de Julio la intervención a los Entes reguladores ENRE Y ENARGAS. La intervención debe cesar con el Informe de los actuales interventores en los que se describa el resultado de los objetivos de la intervención y su cumplimiento efectivo 6) Solicitar al Poder Ejecutivo el envío de un Proyecto de ley para derogar la ley de los subsidios al gas en zonas frías.

Reemplazar dicho régimen por uno nuevo que focalice los subsidios del gas en la Región Patagónica; y en aquellas zonas del país que tengan condiciones climáticas similares a la Patagonia (algunas zonas de La Pampa; Sur de Mendoza; Oeste cordillerano de alta montaña en toda su extensión; Puna de Atacama; etc).

7) Solicitar el Poder Ejecutivo el envío de un Proyecto de Ley para la elaboración de un Plan Energético Nacional.

Argentina carece de Plan Estratégico que contemple las acciones y principales obras que el país debe encarar para abastecer la demanda energética de largo plazo con recursos nacionales y alta eficiencia en el marco de los compromisos asumidos con la comunidad internacional para la Transición Energética. El Plan Energético será elaborado por el Estado nacional y podrá contar con asesoramiento no vinculante de organizaciones académicas; organismos de la sociedad civil; y el aporte de las provincias en temas de su interés.

El Plan Energético Nacional tendrá un horizonte de planificación de treinta años; será revisable cada cinco años y deberá contar para su aprobación por Ley del Congreso.

Fuente: Clarín