Al margen de la pelea entre Guzmán y el kirchnerismo, en las provincias las alzas en las boletas avanzan a más velocidad desde que empezó el año y con valores más altos; hay casos que superan el 30% para los hogares.

La interna del Gobierno por las tarifas de los servicios públicos y cuántos subsidios asignar para que no aumenten deja de lado al interior del país y se concentra en el bastión electoral del área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. Allí, después de dos años congeladas, las tarifas eléctricas aumentaron el 9% promedio que autorizó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) para este mes. Las distribuidoras eléctricas en las provincias –salvo Buenos Aires, que autorizó un ajuste de 7% en el interior del distrito- descongelaron las boletas desde enero con valores mayores que, en algunos casos, superan 30% para los hogares.

La puja entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los funcionarios del área energética que responden a Cristina Kirchner, como el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en torno del porcentaje de aumento en las tarifas, no tiene impacto en las provincias.

Por ejemplo, en el arranque del año, el gobierno de Santa Fe, que encabeza Omar Perotti, autorizó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) una suba de tarifas del 31% en tres cuotas para comercios, industrias y usuarios residenciales luego de 26 meses de congelamiento de precios; Edemsa, la empresa de Mendoza, incrementó los precios en promedio el 33% (estaban pisados desde 2018) y también subió el cargo de Contribución para la Compensación de Costos Eléctricos que pasó del 5% al 7,5% (esos fondos se usan para cubrir la tarifa social).

La EPEC de Córdoba acumula dos alzas en lo que va de este año, una de 10,7% promedio en enero y otra ahora de 9,88%, a lo que hay que sumarle un incremento del 1% que rige desde mediados de abril para los residenciales por la suba del gravamen destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE).

En Río Negro, los 250.000 usuarios de Edersa (no abarca Bariloche, Dina Huapi y Río Colorado) pagaron mejoras de 5%, 6% y 6,73% entre febrero y abril; la tucumana Ersept también ya aplicó dos subas, 23,4% y 13,6% y quedó la puerta abierta para una tercera antes de fin de año. San Juan, con 6,48% es la provincia con menor incremento autorizado.

En Salta se aprobó el 21%; en Entre Ríos 15% (tanto para Enersa como para las 15 cooperativas que prestan servicio en la provincia); en San Luis la suba fue del 27% y en Jujuy, 10%. En Chaco la estatal Secheep subió en abril 2,5% a los usuarios residenciales (familiares), comerciales y pequeños industriales mientras que, para los grandes usuarios, el alza fue del 60%. También en Misiones ese segmento de clientes registró aumentos de entre 53% y 82%.

Las distribuidoras provinciales –que, a su vez, traspasan aumentos a la mayoría de las cooperativas que prestan servicios- fundamentaron sus alzas en los incrementos de los precios de la energía mayorista (que es el mismo para todo el país). Desde el Instituto General Mosconi, Alejandro Einstoss explica a LA NACION que, por ahora, lo que hay es una “dispersión” en las tarifas que tiene su origen en el Valor Agregado de Distribución (VAD) que fija cada una de las provincias.

En el caso de Edenor y Edesur –sobre las que la Nación tiene jurisdicción- se mantuvo congelado también este año hasta el 9% autorizado para este mes. “Lo que ha hecho el resto es reconocer los mayores costos y empezar a pagar la energía a Cammesa [la empresa del mercado eléctrico mayorista] por lo que no les queda otra que aumentar”, agrega Einstoss. En el caso de las prestadoras del Amba se terminan financiando demorando el pago a Cammesa. El especialista sintetiza: “Espaciar esos pagos es, en realidad, financiarse con el dinero de los usuarios”.

Durante el congelamiento tarifario de la cuarentena en 2020 –que se aplicó en todo el país- la mayoría de los distritos y cooperativas acumuló deudas con Cammesa, la estatal que le vende energía a las distribuidoras, y ahora intentan regularizar las cuentas. Einstoss estima que, entre 2019 y este año, la suba de tarifas en el AMBA debería haber alcanzado el 120% (aplicando lo establecido en 2017), con lo que el atraso acumulado es del 80%.

La administración de Mauricio Macri fue la primera que incumplió lo fijado, ya que los últimos incrementos de 2019 no se instrumentaron. Fue la decisión que tomó después de la derrota en las PASO; el gobierno de Alberto Fernández mantuvo el congelamiento. La suba del 9% en las tarifas de Edenor y Edesur se traduce en un 20% más de ingreso para las empresas, que siguen corriendo detrás de la inflación.