A pesar de que la ruta es muy utilizada y está expuesta a roturas permanentes, los empresarios resienten agregar nuevos costos a sus facturas.La decisión del gobierno provincial de avanzar con el cobro de un peaje a las compañías que utilizan las rutas del corredor petrolero de Vaca Muerta se encontró con varios opositores.

La iniciativa es trabajada por el gabinete para tomar forma de proyecto de ley y ser presentada por el gobernador Omar Gutiérrez en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el próximo 1º de marzo.

La opción que se estudia es la aplicación de una “contribución especial por uso intensivo de las rutas”, que comprenderá sólo a las operadoras y grandes empresas de servicios especiales.

Desde el sector empresarial local se escucharon las primeras voces en contra. Hoy, el gerente de la Cámara Empresas de la Industria Petrolera y Afines (CEIPA), Sebastián Cortez, se mostró en contra de que las pymes afronten “un tributo más”.

“Nos pone muy contento de que se vayan construyendo las rutas, que era uno de los compromisos que tenía el gobierno para con las empresas para el crecimiento y desarrollo de Vaca Muerta, porque por el crecimiento exponencial que ha tenido la actividad, no dan abasto las rutas y se rompen. Pero, con relación al cobro de peaje, sería otro tributo, y a las empresas locales les costó la pandemia y se están acomodando”, dijo Cortez.

Según indicaron desde la Gobernación, el canon sólo se aplicaría a las operadoras y grandes compañías de servicios especiales y la idea es que no afecte a las pymes y particulares. La contribución se pagaría semestralmente en base a la flota de camiones propia y contratada por cada empresa con operaciones en yacimientos en Vaca Muerta.

Las petroleras señalaron que en cada proyecto en Vaca Muerta se negocia con el gobierno provincial un plan de inversiones que incluye, por ley, el pago de un canon de ingreso al área, un bono de Infraestructura, un bono de explotación y un porcentaje para Responsabilidad Empresaria, por fuera de lo que es el pago de regalías a la producción de petróleo y gas, además de cánones por uso de agua, entre otros tributos.

Las compañías consideran que esos millonarios desembolsos deberían destinarse a la mejora de la infraestructura en las ciudades afectadas por la actividad petrolera, y se mostraron en contra de que se intensifique la presión impositiva al sector.