Tras más de dos años de congelamiento, especialistas advierten que la situación provocará una aceleración de los subsidios, lo cual tendrá fuerte impacto fiscal.

El atraso en la actualización de las tarifas energéticas empiezan a ser para el país una nueva bola de nieve que tendrá un impacto muy duro en el balance de las cuentas públicas y en la prestación de los servicios, y por lo que el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi advirtió que los valores tienen un retraso superior al 100 por ciento.

El Instituto elaboró un informe sumamente crítico sobre la situación energética del país en la primera parte del año y en el mismo puntualiza que en el caso de la electricidad “las tarifas de Edenor y Edesur congeladas por casi dos años presentan un atraso del orden 117% a marzo de 2021, en función de los índices de actualización previstos en la revisión tarifaria del 2017”.

“Por lo tanto, aún después del aumento, el atraso tarifario supera el 80% y mantiene la incertidumbre en relación al futuro de las inversiones y calidad de servicio. El análisis del impacto de los aumentos en las diferentes categorías de clientes muestra que si bien el incremento promedio es del 9%, para las categorías de consumo representativos de ingresos medios se ubican entre el 11% y 12% y responde a la estructura tarifaria vigente”, resalta el trabajo de la entidad.

Con respecto a la situación del gas natural, detalla que se presenta similar a la de la energía eléctrica, los aumentos que se anuncian en torno al 7% para residenciales y 4% para la industria corresponden a recomposición de márgenes de distribuidores y transportistas.

“Estos márgenes representan aproximadamente el 30% de la factura final y por lo tanto implicarán aumentos del 20% en los ingresos de las empresas de servicios que, aún así, mantendrán un atraso tarifario superior al 80%”, expresa el informe.

Se especifica que  el problema fiscal que genera mantener congelado el precio del gas a través de su efecto en los subsidios no encuentra solución y la Secretaría de Energía (SE) lo deja en claro en su documento técnico presentado en la audiencia pública del pasado marzo.

“Allí la Secretaría de Energía nos informa que el 56% del costo del gas destinado a satisfacer la demanda abastecida por las distribuidoras está a cargo del Estado Nacional, que esta situación implica un costo fiscal de $110.000 millones y una necesidad de partidas adicionales no previstas en el presupuesto 2021 del orden de los $52.000 millones, equivalentes al 40% de las partidas previstas en el presupuesto original”, recalca el Instituto Mosconi.

También puntualiza que, en función de ese informe de la Secretaría de Energía, el aumento requerido en el precio del gas es del 42%, lo que implica aumentos adicionales en la factura del gas en torno al 20%, ajuste que el Gobierno ya descartó.

Precisamente, estos números fue el desencadenante del fuerte cruce dentro del Gobierno hace un mes atrás, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, le pidió la renuncia al sociólogo Federico Basualdo, subsecretario de Energía, por claras diferencias en cuanto al ajuste tarifario, escándalo que terminó con cada uno en su puesto y con un incremento del 9 por ciento para todo el año.

El Mosconi  menciona que los subsidios energéticos muestran una dinámica preocupante, con una variación interanual del 50% en dólares. La entidad enfatiza que, de no producirse el ajuste que se había previsto en el cuadro tarifario “el año terminaría con una cuenta de subsidios cercana a los u$s10.000 millones, una dinámica ya observada en el año 2011 y que nos pone a las puertas de una segunda ola de subsidios, pero sin recursos para financiarla”.

A su vez, se especifica que la segmentación de tarifas que impulsa el Gobierno, “si bien debatible, implica la reforma del marco normativo vigente.

El instrumento disponible es la tarifa social federal que se constituye como un mecanismo de subsidios focalizados a la demanda en base criterios socioeconómicos. Su aplicación en la coyuntura debería profundizarse utilizando herramientas complementarias de identificación a la vez que se amplía su base de cobertura”, concluye el trabajo de la entidad.