El mayor gasto público está ligado al año electoral y a las inconsistencias del cálculo original. La norma se publicó hoy en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y de todos sus ministros.

Se trata de la modificación presupuestaria (decreto 489/2021) que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de todos los miembros de su gabinete. La norma modifica las pautas de gastos y recursos que el Congreso había aprobado en diciembre de 2020 y contempla esencialmente una ampliación del gasto público. Por ejemplo, se estimaba una inflación del 29%, cuando las proyecciones actuales ya la ubican en torno del 50%.

Uno de los puntos con mayor ampliación del gasto es el asociado a la Anses. Ese organismo, conducido por Fernanda Raverta, recibió $112.648 millones para el pago a los jubilados, que recibirán bonos especiales e incrementos por una variación de precios que resultará mayor a la presupuestada.

Ademas se ampliaron los gastos para asignaciones familiares ($21.099 millones), seguro de desempleo ($3300 millones), programas de complemento a las prestaciones previsionales ($23.885 millones) y las transferencias a las cajas de seguridad social provinciales ($12.100 millones).

Una de las apuestas del Gobierno para traccionar la economía es la obra pública. En ese marco se incluyeron $21.026 millones adicionales asignados para más de 150 obras viales, de repavimentación y reparación de rutas y autopistas, que serán administrados por la Dirección Nacional de Vialidad.

Aparte se registraron expansiones en las partidas para el poder legislativo ($6550 millones) y el Poder Judicial ($22.126 millones, de los cuales $459 millones son para la Corte Suprema), a causa de la inflación.

En el Ministerio de Economía, los gastos presupuestados se ampliaron en $136.496 millones, en un conjunto de factores que se explica por los subsidios energéticos y la necesidad de fondos para importar energía. Para Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista de la electricidad, se asignaron $90.000 millones, mientras que se suman otros $28.075 millones para sostener la política de hidrocarburos, que incluye el Plan Gas y otros programas de estímulo a la producción de gas y petróleo.

También se erogó más dinero a diversas empresas públicas. Entre otros se destacan los $9922 millones para Ieasa (ex Enarsa), que se encarga de la importación de energía; $3413 millones para el Ente Nacional Yacyretá; $4000 millones para el Correo Argentino; $4860 millones para Arsat y $5194 millones para Corredores Viales, una empresa pública (co administrada por Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas) que se encarga de obras viales.

Otras transferencias ampliadas incluyen $30.038 millones para universidades nacionales, $6188 millones para el Conicet, $8000 millones para el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que encabezaba la precandidata a diputada del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz; $1500 millones en transferencias directas a municipios y $918 millones para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Otros organismos con ampliaciones millonarias son la Dirección Nacional de Migraciones ($1444 millones) o la Agencia Nacional de Discapacidad ($3450 millones), para el pago de pensiones por invalidez y atención médica para quienes las perciben.

El Ministerio de Turismo, que encabeza Matías Lammens, amplió el gasto para ayudas a privados, que contemplan los subsidios a empresas y personas afectadas por la pandemia y el anunciado regreso del plan Pre-Viaje, pero se hicieron recortes en otros programas. También se podaron $15.000 millones de planes y programas de mejoramiento en el transporte, dentro del ministerio que lidera Alexis Guerrera, y $512 millones de la cartera de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.

Hay que contar también los fuertes incrementos para las fuerzas armadas y de seguridad. Allí se contemplan $21.708 millones para Gendarmería, $7631 millones para la Prefectura, $2277 millones para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, $9343 millones para la Armada y $9671 millones para la Fuerza Aérea y $12.574 millones para la Policía Federal Argentina.