Las obras se suspendieron en diciembre pasado; el Ministerio de Economía busca destrabar la llegada de un nuevo desembolso de al menos US$750 millones del financiamiento chino.

La construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, está frenada desde el 18 de diciembre pasado, cuando se agotó el dinero que llegó del último desembolso el crédito chino, en noviembre de 2022. El Gobierno cortó a su vez las partidas presupuestarias dedicadas a la obra pública, debido al ajuste fiscal, y las empresas contratistas suspendieron el avance de la obra.

En las últimas semanas, sin embargo, el Ministerio de Economía retomó las negociaciones con China para solicitar un waiver (perdón) y gestionar un nuevo desembolso, que podría ser ser de entre US$750 y US$800 millones. La llegada de este financiamiento no solo permitiría reactivar las obras, sino que además aliviaría parte de la situación de las reservas del del Banco Central (BCRA).

Las represas se financian con un crédito que otorgó el gobierno chino, a través del consorcio de bancos compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. A la fecha, transfirió a la Argentina US$1850 millones del crédito total de US$4714 millones.

La construcción de las represas comenzó en 2015 y el plan original era que finalizaran en 2021. Sin embargo, los sucesivos cambios de gobierno (hubo cuatro presidentes argentinos desde entonces) y la falta de coordinación en cada transición generó que, al momento, la central hidroeléctrica Jorge Cepernic (antes llamada La Barrancosa) tenga un avance de de 42%, mientras que la represa Néstor Kirchner (antes llamada Cóndor Cliff) muestre un 20%. La nueva fecha estimada de finalización es 2027.

La semana pasada llegó la aprobación de los bancos al waiver pedido por el Gobierno, justo cuando se concretó la visita de la secretaria general de la Presidencia, a la embajada de de China, que fue recibida por el embajador Wang Wei. La funcionaria estuvo acompañada por Diego Sucalesca, presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacion (Aaici). Este organismo dejó de depender de la Cancillería en los últimos meses, para estar bajo la supervisión de la hermana del Presidente.

Los diplomáticos chinos reclaman desde mayo pasado, cuando viajó la canciller Diana Mondino a Pekín junto con parte del equipo económico del Gobierno, por el freno de la de la construcción de las represas. “Ellos esperan que nos movamos lo más rápido posible, porque es un acuerdo firmado con el Gobierno. Les explicamos que este es un proyecto de de hace 10 años y que nosotros llegamos hace cuatro meses”, relataron en su momento a LA NACION fuentes al tanto de lo conversado en las reuniones.

En el encuentro de esta semana, la embajada china dijo de manera escueta que “ambas partes intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y la cooperación económica y comercial binacional”. La relación entre los dos países se afianzó a partir de junio pasado, cuando China confirmó la renovación del swap por US$5000 millones por el plazo de un año.

En los próximos días, por lo tanto, podría llegar el nuevo desembolso de China y el siguiente paso para reactivar la construcción de las represas es que se firme la adenda XII. Esto debe ser rubricado entre el comitente de la obra, la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), y los contratistas, que es la unión transitoria de empresas (UTE), compuesta en un 54% por la china Gezhouba, un 36% por Eling Energía (antes llamada Electroingeniería) y el 10% restante corresponde a la mendocina Hidrocuyo.

En el sector creen que la firma de la adenda podría ocurrir a fin de mes y las obras se reactivarían en octubre.

La situación, sin embargo, no es fácil, ya que las empresas contratistas desvincularon a la mayoría de los empleados luego de tantos meses de parálisis. De los 2500 trabajadores que había en diciembre pasado, quedan solo 300, de los cuales 100 son administrativos y el resto está siendo operaciones de mantenimiento y seguridad en Santa Cruz.

Por otro lado, en el sector genera incertidumbre el futuro de Enarsa, una de las ocho empresas que pasó el filtro del Congreso y quedó en la lista de posibles a ser privatizadas, según la aprobación de la Ley Bases.

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Fuente: Economía