Más de 100 constituciones en todo el mundo han adoptado el derecho humano a un medio ambiente saludable, que a menudo sirve como una herramienta poderosa para proteger el mundo natural.

Todo comenzó hace casi 30 años, con un joven que quería detener la contaminación en su barrio y terminó con una reforma constitucional. Los impactos de los esfuerzos del niño se extienden hasta el día de hoy.

En 1992, un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño pueblo cerca de la capital, San José, era el sitio donde los lugareños arrojaban su basura. Al no tener un sistema de gestión de desechos adecuado, los residuos terminaban amontonados en sus orillas.

Frustrado por la situación, Carlos Roberto Mejía Chacón, de 10 años, presentó un recurso de apelación ante la Sala Constitucional de Costa Rica contra el municipio local.

Permitir que el río sea utilizado como vertedero, argumentó, violaba el derecho humano a la vida, que requiere condiciones adecuadas y vías fluviales limpias y protegidas.

La cámara se puso del lado de Chacón un año después y ordenó al municipio limpiar la basura y comenzar a manejar adecuadamente los desechos de los residentes.

Pero la decisión también tuvo un significado mucho más profundo.

Un medio ambiente limpio y saludable es una base fundamental de la vida humana, al igual que los ecosistemas equilibrados, la biodiversidad y otros elementos de la naturaleza de los que dependen las personas, razonaron los jueces.

Al igual que la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, un medio ambiente sano en todos los aspectos debe considerarse un derecho humano.

Esta notable conclusión no solo estableció un nuevo estándar legal para los tribunales de todo el país. También impulsó la decisión de tallar el derecho humano a un medio ambiente saludable en el ADN legal de Costa Rica durante una reforma constitucional en 1994, recuerda la abogada Patricia Madrigal Cordero.

Desde entonces, el derecho constitucional ha ayudado a guiar muchas de las políticas ambientales ampliamente elogiadas, aunque lejos de ser perfectas, de Costa Rica. Además, ha repercutido en el paisaje y la cultura del país.

“Creo que Costa Rica sería diferente si no estableciéramos esa relación entre los derechos humanos y el medio ambiente”, dice Cordero, quien estuvo involucrada en el proceso legislativo de 1994.

El derecho humano a un medio ambiente saludable, que abarca ecosistemas limpios y equilibrados, una rica biodiversidad y un clima estable, reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna, en consonancia con una gran cantidad de evidencia científica que vincula el bienestar humano y el mundo natural.

Las personas dependen de ecosistemas prósperos que limpian el agua y el aire, producen mariscos y polinizadores y absorben gases de efecto invernadero. Reconocer este vínculo legalmente puede fortalecer enormemente los derechos humanos.

Pero igualmente importante, señala Cordero, es que el derecho proporciona una base poderosa para proteger la naturaleza misma.

En una crisis ambiental global que se agrava, algunos académicos han argumentado que el derecho a un ambiente saludable actúa como una vía legal crucial para proteger el mundo natural, tanto al alentar a los gobiernos a aprobar leyes ambientales más estrictas como al permitir que los tribunales responsabilicen a los infractores.

Especialmente cuando se instalan en las constituciones, estos derechos son tomados en serio por muchos sistemas judiciales y se vuelven difíciles de deshacer, creando una fuerza duradera que contrarresta los intereses contra la protección de la naturaleza.

Pero, aunque existe un claro consenso científico sobre los beneficios de la naturaleza para las personas, la evolución de la naturaleza como derecho humano ha sido notablemente irregular en todo el mundo.

Hoy en día, muchos países de América Latina están avanzando, mientras que Europa y América del Norte están algo rezagados.

Desde la primera mención del derecho a un medioambiente saludable en la Declaración de Estocolmo en 1972 -como resultado de la primera gran conferencia ambiental-, unos 110 países lo han reconocido constitucionalmente.

Si bien su impacto varía en todo el mundo, ha creado un poderoso baluarte contra una marea creciente de destrucción ambiental en muchos países, como Costa Rica, Colombia y Sudáfrica, ya que más naciones parecen estar preparadas para seguir su ejemplo.

Por supuesto, reconocer el derecho “no es una varita mágica que podamos usar para resolver todos nuestros desafíos”, dice el abogado ambientalista David Boyd, quien es nombrado relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente en las Naciones Unidas. “Es un catalizador para mejores acciones”, agrega.

De hecho, algunas de las investigaciones de Boyd han revelado que los países con derecho a un medio ambiente saludable -u otros mandatos ambientales- en sus constituciones, tienden a tener políticas ambientales más sólidas en general.

También es más probable que obtengan mejores resultados en las métricas de desarrollo sostenible, según estudios del economista Chris Jeffords de la Universidad de Indiana en Pensilvania.

Dicho esto, Jeffords advierte que es complicado analizar la causa y el efecto: ¿son los derechos en sí mismos los que conducen a estos beneficios, o es más probable que los países ambientalmente progresistas adopten tales derechos?

En el caso de Costa Rica, la respuesta parece ser un poco de ambos.

Aunque el programa de políticas y legislación ambiental comenzó mucho antes de 1994 en el país, las protecciones ambientales se han vuelto más sólidas desde que se introdujo formalmente el derecho constitucional, explica Cordero, quien además se desempeñó como viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica de 2014 a 2018.

Además de obtener el 98% de su energía de fuentes renovables, Costa Rica ha protegido una cuarta parte de su tierra como parques o reservas nacionales y ha reforestado vastas franjas de tierra que alguna vez estuvo degradada.

A lo largo de los años, el tribunal constitucional del país ha escuchado cientos de casos relacionados con el derecho, a menudo encontrando violaciones, dice Cordero.

Ha dictaminado que la matanza de tortugas marinas verdes en peligro de extinción es inconstitucional, así como la tala del almendro de montaña, que es utilizado por el gran guacamayo verde en peligro crítico de extinción, ilegalizando efectivamente ambas prácticas.

La moratoria del país sobre la exploración petrolera y la minería a cielo abierto también se remonta a demandas por el derecho a un medio ambiente saludable, agrega Cordero.

Casos similares se han presentado en muchos otros países latinoamericanos que han abrazado el derecho, como Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, dice César Rodríguez-Garavito, experto internacional en derechos humanos y derecho ambiental de la Universidad de Nueva York.

Allí, Rodríguez-Garavito dice que tales leyes también han moldeado la forma en que los periodistas enmarcan los problemas ambientales, como algo a lo que la gente tiene derecho, en lugar de una sola consideración política, y han empoderado a los movimientos de justicia social para movilizar al público, lo que en sí mismo puede disuadir potenciales infractores.

En los tribunales, los derechos humanos actúan como cartas de triunfo, generando argumentos legales más poderosos sobre otras consideraciones, como la libertad económica.

Y en algunas jurisdicciones, como Colombia, “si se puede demostrar que un derecho fundamental está en juego, básicamente se puede acelerar el caso en los tribunales. Así que eso se hace para tomar decisiones mucho más rápidas”, agrega.